Es previsible que, cuando se presenta la alternancia en un municipio como el de Torreón, las autoridades entrantes encuentren irregularidades por actos u omisiones realizadas por quienes estuvieron en funciones antes que ellos, de manera tal que, como está sucediendo ahora, los nuevos funcionarios se digan “sorprendidos” de lo que materialmente encuentran en las distintas dependencias del ayuntamiento.
No queremos decir con esto que no pueda haber tales, sino que las mismas deben ser demostradas plenamente, máxime que en los últimos trienios se ha llevado al cabo, en cada caso, un proceso de entrega-recepción, de tal forma que si la actual administración recibió de la anterior en los términos de ley y otorgó su conformidad en primera instancia, no puede ahora decir que existen muchas irregularidades, porque ello sería tanto como admitir que hicieron mal su trabajo quienes participaron en ese proceso.
Sin embargo, si como sostienen algunos voceros extraoficiales del ayuntamiento que preside el alcalde Guillermo Anaya, hay hasta el momento múltiples irregularidades en diecisiete dependencias municipales que van desde el desvío de recursos federales, hasta gastos excesivos, pasando por los llamados “aviadores” que cobraban sin prestar un trabajo determinado, el ayuntamiento está obligado a poner en conocimiento de las autoridades competentes aquellos casos que verdaderamente sean constitutivos de delito o de faltas administrativas graves, a fin de que se aplique la ley.
Por ello, huelga decir que a quienes se les comprueben conductas ilícitas deben ser castigados. Pero no sería válido que se efectuaran las denuncias con el consabido escándalo, para luego salir con que los casos considerados como más graves no se documentan y todo queda en una “llamarada de petate”, cuyo efímero fuego sólo sirve para golpear políticamente al adversario, por ser este un año electoral.