11 de diciembre de 2003
BOGOTA, (AP).- El congreso aprobó un estatuto legal que para el gobierno del presidente Alvaro Uribe es la herramienta mas eficaz para combatir el terrorismo y para la oposición una amenaza a los derechos humanos.
El estatuto antiterrorista, que reforma transitoriamente cuatro artículos de la Constitución, permite los allanamientos, detenciones e interceptaciones telefónicas sin orden judicial, el empadronamiento o censo de personas en determinadas poblaciones y le otorga a las fuerzas militares poderes de policía judicial para obtener pruebas.
El Senado aprobó el estatuto por 67 votos a favor y 28 en contra. "Los ciudadanos pueden estar tranquilos: para ellos habrá todas las garantías, pero que sepan los terroristas que contra ellos caerá toda la fuerza del Estado", dijo el Ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt, tras el octavo y último debate en el Senado el miércoles en la noche.
"Este es un proyecto atroz contra los derechos humanos", manifestó el senador Jaime Dussán, del Polo Democrático, partido de la oposición de izquierda, al advertir que los militares con poderes judiciales y con amplias facultades para detener personas sin orden de un juez, pueden cometer violaciones a los derechos fundamentales.
Pretelt descartó que la reforma constitucional sea una amenaza para los derechos humanos. "Aquí tenemos un gobierno democrático y no una dictadura como las que hubo en el cono sur", afirmó.
Explicó que la Procuraduría, un organismo independiente que controla a los funcionarios públicos y militares, tendrá bajo su cuidado que las normas antiterroristas se apliquen con absoluto respeto a los derechos humanos y el Congreso hará el control político semestralmente.
Agregó que las normas constitucionales que regirán por cuatro años, ya existen en legislaciones europeas y de los Estados Unidos para combatir el terrorismo. "Nosotros las necesitamos porque este es el cuarto país del mundo en donde se registran más atentados terroristas", dijo el Ministro en el Senado.
El senador Antonio Navarro, también del Polo Democrático, advirtió que la legislación viola acuerdos internacionales suscritos por Colombia para observar los derechos humanos y que esta circunstancia puede detener la ayuda que países europeos están otorgando en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.
"Esto se está analizado y no hay violaciones a tratados internacionales", aseguró el Ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, quien también descartó que la ayuda externa pueda ser cortada por la aprobación de la reforma constitucional.
El estatuto antiterrorista solo podrá entrar en vigencia a mediados del próximo año, pues necesita ser reglamentado por una ley estatutaria que el gobierno debe presentar a consideración del Congreso en marzo próximo.
La ley, antes de entrar en vigencia, debe pasar el examen de la Corte Constitucional. Solo entonces, las controvertidas facultades podrán ser utilizadas por el gobierno, los militares y los jueces.