Por mayoría de votos, fueron aprobadas las seis primeras cuentas públicas de igual número de municipios con relación al ejercicio fiscal del 2002, encontrando que todas tienen una serie de observaciones; no obstante, se consideraron aceptables e instruyeron a la Entidad Superior de Auditoría para que dé seguimiento a la solventación de las irregularidades.
El primer paquete aprobado contiene los municipios de San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo, Santa Clara, Simón Bolívar, San Juan de Guadalupe y Cuencamé. En el caso particular del último de los mencionados, el diputado del PAN Rubén Velasco Murguía indicó que habría problemas con el mismo debido a que presentaba observaciones por más de tres millones de pesos; finalmente no se registró ninguna intervención y se aprobó por mayoría.
Cabe mencionar que las primeras seis cuentas fueron aprobadas con 16 votos a favor, 12 del PRI, dos del PT, uno del PRD y uno del PD, mientras que cuatro diputados del PAN votaron en contra de los dictámenes, argumentando principalmente que no tuvieron la información complementaria para sustentar debidamente el sentido de su voto.
En la lectura de cada uno de los dictámenes y su discusión, no hubo ninguna intervención por parte de los diputados, siendo sometidos de inmediato a votación y sin mayores trámites, a pesar de que el diputado Velasco Murguía había hecho mención del municipio de Cuencamé; aun así no tuvo ninguna participación en tribuna, solamente votó en contra y se aprobó por mayoría, con las salvedades que se indican en cada caso.
Las seis cuentas públicas aprobadas tienen observaciones que la Entidad Superior de Auditoría detectó en la revisión documental y física que se hizo, tanto del manejo administrativo como de la obra pública, motivo por el cual en cada uno de los casos se instruye a dicho organismo de fiscalización para que dé seguimiento a fin de que las irregularidades señaladas sean solventadas en su totalidad, investigar la presunta existencia de malos manejos y, en su caso, iniciar el procedimiento relativo al fincamiento de las responsabilidades que procedan, debiendo rendir informe al Congreso del Estado.
Posicionamiento
Impiden exponer postura
Durante la sesión matutina del Congreso del Estado la coordinadora de los diputados del PAN, Rosario Castro Lozano, pretendió posicionar la postura que asumirán ante la revisión de las cuentas públicas de municipios y de Gobierno del Estado, pero el presidente de la Gran Comisión, Octaviano Rendón, le indicó que tenía que referirse únicamente al documento en discusión.
La legisladora panista nunca se centró en el caso particular del municipio de Simón Bolívar, motivo por el cual fue interrumpida por el coordinador de los diputados del PRI, Octaviano Rendón Arce, quien no le permitió que siguiera haciendo uso de la palabra, ya que se estaba discutiendo un dictamen en particular y no sobre posturas o posicionamientos generales de una fracción parlamentaria.
A pesar de que Castro Lozano argumentó que el vicepresidente que estaba en funciones, José María Alcántar Chávez, le había concedido el uso de la palabra, por lo que solicitó seguir con su exposición.
Rendón Arce indicó que con dicha postura de la legisladora panista se estaba violando la Ley Orgánica del Congreso del Estado, muy clara en el sentido de que cuando se discute una cuenta pública de un municipio en particular, se otorgará el uso de la palabra, pero para discutir y analizar el dictamen en mención, no para pronunciamientos generales.