16 octubre 2003
MEXICO, DF, (SUN-AEE).- La estrategia de Pemex para resarcir el quebranto a su patrimonio, derivado del Pemexgate, habría sido aprobada por las secretarías de la Función Pública y de Hacienda, así como por la PGR.
El documento de Pemex dado a conocer ayer indica que las secretarías habrían aprobado condonar intereses de un préstamo hecho al sindicato petrolero, mientras que la PGR habría aceptado el compromiso del sindicato de pagar los recursos desviados a la campaña del PRI en 2000.
Las secretarías de la Función Pública (SFP) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como la Procuraduría General de la República (PGR), habrían aprobado el esquema diseñado por Petróleos Mexicanos (Pemex) para evitar que ex funcionarios y líderes sindicales de la paraestatal sean sentenciados por reparación del daño y se les condonen los intereses en el caso Pemexgate.
El documento de Pemex que revela esta estrategia, indica que las dos secretarías de Estado debieron dar su conformidad por escrito sobre la condonación de intereses, mientras que la PGR habría dado la anuencia respecto del contenido del compromiso del sindicato petrolero para pagar los recursos desviados que salieron de la paraestatal.
De hecho, el Consejo de Administración y el director de Pemex, Raúl Muñoz Leos, autorizaron en septiembre pasado este esquema para la devolución de los recursos, de acuerdo con los oficios SCAMP-CONS-02/2003 y DG051/2003.
Estos documentos se entregaron al juzgado 13 de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, y fueron la base para eximir de la reparación del daño al ex director administrativo Manuel Gómezperalta Damirón, el único bajo proceso de los implicados en el llamado Pemexgate .
Esta situación derivó ya en que el ex líder sindical que encabeza actualmente un sector disidente, Joaquín Hernández Galicia, La Quina , presente hoy una denuncia de hechos ante la PGR por la intención del sindicato de reparar el daño mediante la retención de cuotas sindicales y de las cuentas congeladas en Nueva York.
Por su parte, la Secretaría de la Función Pública informó que conocía de las negociaciones entre el sindicato y la paraestatal, pero no intervino en ellas, y la devolución de los recursos no frenará la acción legal contra los implicados.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público declinó hacer comentarios o fijar una postura sobre este asunto.