Reuters
WASHINGTON, EU.- La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó ayer el primer tratado mundial contra la corrupción, el cual requiere que los países devuelvan valores robados a los Estados de donde fueron sustraídos.
El tratado, que tomó dos años para completarse, entrará en vigor 90 días después de que 30 gobiernos lo hayan ratificado. La firma del documento se inicia del nueve al 11 de diciembre en la ciudad de Mérida, México.
“La corrupción daña a los pobres desmesuradamente”, dijo el secretario general de la ONU a los 191 miembros de la Asamblea General. “La corrupción es un elemento clave en los problemas económicos y un obstáculo principal para el desarrollo y la eliminación de la pobreza”.
El tratado, añadió, “constituye un gran paso, pues requiere que los Estados miembros devuelvan los valores obtenidos a través de la corrupción a los países de donde fueron robados”.
Las naciones en desarrollo estaban deseosas de que se incluyera esta regulación para recuperar valores robados, especialmente para aplicarla en circunstancias donde la corrupción en altos niveles ha acabado con la riqueza nacional.
El tratado, llamado Convención contra la Corrupción, penaliza el soborno, la malversación de fondos públicos y el lavado de dinero. Además, permite que valores adquiridos de manera ilegal puedan confiscarse. También pide a los gobiernos del mundo que permitan un amplio reglamento de limitaciones en los casos de corrupción.
El tratado estipula que los actos de apoyo a la corrupción o los que obstruyan la justicia en las investigaciones también deben ser considerados como delitos. La convención exhorta a la cooperación internacional para impedir la corrupción, así como para investigar y juzgar a los transgresores.
Sin embargo, Transparencia Internacional, un grupo mundial contra la corrupción con sede en Berlín, Alemania, dijo que el lenguaje relacionado con el cumplimiento del sector privado, especialmente en el campo del soborno y el financiamiento de partidos políticos, fue débil.
Estados Unidos, que apoyó el tratado como un arma contra el lavado de dinero de grupos terroristas, alegó con éxito en contra de una prohibición obligatoria para casos de soborno en la industria privada.
“Esta es un área muy distante para poder determinar qué es una conducta adecuada en el sector público”, dijo un funcionario estadounidense. “Sería inmiscuirse en la conducta del sector privado”.
Para promover el tratado, se establecerá una conferencia de naciones signatarias que revise con frecuencia el cumplimiento de la convención.