Sólo en lo que va del año han sido asesinadas 24 mujeres en Ciudad Juárez. Anteayer fue hallado el cadáver de Micaela Félix Alvarado, de 36 años. El cuerpo fue envuelto en bolsas de basura, y dejado al paso del camión recolector. Pero fue descubierto por vecinos, que identificaron a la víctima. Y también a su marido, que fue detenido para investigación. Explicó que su mujer era adicta a la heroína y que salió de su casa el lunes por la tarde y sólo supo de ella cuando la policía le notificó el hallazgo del cadáver y lo arrestó. El cuerpo mostraba golpes y cuatro heridas de arma blanca. (El Universal, 15 de octubre).
Puede ser que este homicidio no sea parte de una serie, como los de tres jovencitas cuyos cadáveres fueron hallados en semanas recientes en el cerro del Cristo Negro. Pero importa tanto como cualquier otro crimen ocurrido en aquella frontera, donde se ha condensado como en ningún otro lugar de nuestro país la violencia letal contra las mujeres. Sería muy remoto que los cientos de asesinatos ocurridos en Juárez en el decenio reciente hubieran sido practicados por las mismas manos. Es más probable que hayan sido impulsados por un móvil común: el brutal desprecio por las mujeres, por la condición femenina. A partir de esa abominable concepción, que por supuesto no requiere ser explícita, las modalidades de los crímenes pueden ser tantas como hipótesis se han construido para explicar el fenómeno y atacarlo.
Sólo que la celeridad del propio fenómeno, la irrefrenable producción de víctimas contrasta con la parsimonia gubernamental. El primero de septiembre el Presidente Fox parecía tener una clara visión sobre aquel conjunto de atrocidades que llamamos “las muertas de Juárez”.
A esa “dolorosa tragedia” se refirió el Ejecutivo en su tercer informe de gobierno. La consideró también “un gran reto para todos los niveles de gobierno”. Y recordó que se ha “diseñado de manera conjunta un programa integral que incluye la prevención, procuración de justicia y reparación del daño a los familiares de las víctimas”. Admitió que “la complejidad del caso podrá retrasar nuestra tarea pero jamás inhibirá nuestro compromiso con la búsqueda de la verdad y el castigo de los responsables”. Y entonces anunció que había “decidido nombrar a un comisionado para coordinar la participación del gobierno federal en la solución de ese problema que tanto nos agravia”.
Han transcurrido 46 días desde entonces, y el nombramiento del comisionado no se ha producido. El anuncio fue espontáneo, lo que indicaría que al ser hecho público estuviera definido el perfil de la persona que asumiera esa responsabilidad y hasta realizada la elección. En materia semejante ha habido también lentitud: el 27 de noviembre del 2001 el propio Fox anunció la creación de una fiscalía especial para averiguar los crímenes de la guerra sucia y sólo hasta enero siguiente se nombró a Ignacio Carrillo Prieto para tal encomienda. El día en que se instruyó al Procurador general de la república la creación de la fiscalía, sin embargo, el secretario de Gobernación emitió los lineamientos de su tarea. En cuanto al comisionado para Ciudad Juárez no ocurrió lo mismo.
Se deslizó el nombre de una persona para ocuparse de esa responsabilidad y luego, caminando en zig-zag, se dijo que formaría parte de una terna, de donde se escogería la persona apropiada. No ha ocurrido nada. Mes y medio es un lapso prolongado para la inacción en materia tan delicada. No dudo que las policías, municipal, estatal y federal realicen sus labores cotidianas de vigilancia, y el ministerio público las suyas de investigación. Pero el asunto excede los límites mecánicos de la seguridad pública y la procuración de justicia, por lo que una visión de conjunto es necesaria. Por eso fue una buena noticia la del primero de septiembre, pero la demora la ha convertido en su contrario.
La abulia gubernamental contrasta con su inclinación a la grandilocuencia. El 22 de julio, hace ya casi tres meses, con gran aparato y despliegue propagandístico el secretario de Gobernación Santiago Creel presentó un Programa integral de seguridad pública para abatir la delincuencia y terminar con la muerte violenta de mujeres. Desde aquel momento se requería encargar a alguien la coordinación de ese programa, sin que así ocurriera.
No han faltado acciones gubernamentales como esa, más orientadas a llamar la atención del público que a enfrentar el complejo problema de la violencia contra mujeres. Hace más de un año, en septiembre de 2002 se establecieron en aquella frontera y con participación de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, la Mesa de Diálogo para Dar Seguimiento Técnico-Jurídico a la Investigación de los Casos de los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez y la Mesa de Trabajo para la Coordinación de las Acciones para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y hacia las Mujeres. Asimismo, para no aparecer sólo como reactivas, las instituciones públicas formaron un Grupo de Trabajo para la Restauración y Garantía de la Dignidad Social en Ciudad Juárez.
He respetado el abuso de mayúsculas en la denominación de esas iniciativas porque ilustran la grandilocuencia tras la cual se esconde la negligencia. Mientras las burocracias van y vienen, en costosas operaciones propagandísticas, la brutalidad que se ceba contra mujeres en el antiguo Paso del Norte no cesa. Y al contrario florecen las coartadas, que parten de inculpar a las víctimas de su cruel y ruin destino.