El atentado sufrido por la Presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, constituye un acto de provocación que enturbia el escenario electoral en esa entidad de la República. Como es del conocimiento, la funcionaria fue atacada en el estacionamiento del edificio que alberga las oficinas del Instituto que preside, por dos sujetos que le infirieron heridas en cuello y tórax con arma punzocortante.
La reprobación general de que ha sido objeto el atentado es pertinente, porque arroja un saldo rojo sobre los protagonistas del proceso eleccionario local en su conjunto. Sólo resultan beneficiados quienes acusando una vocación antidemocrática evidente apuestan al fracaso de los comicios y de paso aprovechan para sentar un mal precedente respecto a las elecciones federales a celebrarse el seis de julio próximo.
El carácter provocador del incidente y el múltiple efecto que busca ocasionar, debe ser conjurado con una respuesta conjunta y solidaria de partidos y candidatos de todos los signos, para revertir la turbiedad. A partir de este momento las fuerzas políticas deben cerrar filas en torno a una estrategia común, que redunde en unas elecciones cuyos resultados sean confiables y transparentes.
A las autoridades del Estado de México les corresponde hacer una investigación ágil del atentado de la que deriven resultados creíbles y comprobables en el corto plazo, a fin de dar satisfacción a una ciudadanía que también resulta víctima. De nueva cuenta aparecen en el horizonte nacional elementos que apuestan a la violencia y al caos, que es preciso enfrentar con toda determinación.