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México, DF.- Las exigencias para reducir el costo fiscal del rescate bancario se quedarán en “buenos deseos”, ya que es improbable que Banamex, Bancomer, Bital y Banorte acepten una nueva auditoría a la cartera que vendieron al Fobaproa, consideró el Grupo de Economistas y Asociados (GEA). En un estudio, advirtió que si esta controversia se prolonga podría “descarrilar” los esfuerzos de negociación sobre las reformas estructurales, ya que el rescate bancario que benefició a estas instituciones se ha convertido de nuevo en un tema de disputa política.
Señaló que este expediente ha resurgido ante la presunción de que estos cuatro bancos beneficiados con el rescate que originó la crisis de 1995, vendieron cartera irregular al entonces Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), la cual ascendería a 50 mil millones de pesos a precios actuales.
El GEA refirió que el tema brincó nuevamente a la palestra política como resultado de la recomendación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de descontar a estos cuatro bancos estos 50 mil millones de pesos (mdp) del adeudo generado por el rescate bancario.
“Como en 1998, el asunto Fobaproa/IPAB se ha convertido de nuevo en el terreno de una agria disputa entre partidos y al interior de éstos; sus efectos no se pueden predecir aún, pero, de prolongarse la controversia, se podrían descarrilar los esfuerzos de negociación sobre reformas estructurales”, agregó.
La agrupación de economistas recordó que la disputa entre los bancos y las autoridades se centra en el Artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB).
Aprobada en 1998, la cual rige al IPAB, organismo que sustituyó al Fobaproa. En esa norma, se plantea que “en caso de que durante las auditorías se detecten créditos ilegales el instituto (IPAB) podrá optar por rechazar y devolver los mismos a las instituciones (bancos).” Sin embargo, también establece que “el Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados tomaran las medidas pertinentes para que las auditorías concluyan en un plazo máximo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta ley.” Recordó que en mayo de 2002, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) descubrió presuntas irregularidades en créditos intercambiados por pagarés, cuyo monto (incluyendo intereses) equivale a 50 mil mdp, por lo que ordenó la realización de auditorías a los cuatro bancos citados.
Las instituciones financieras, amparándose en el Quinto Transitorio, alegaron que la auditoría de Michael Mackey, contratado por la Cámara de Diputados, cubrió el expediente legal y solicitaron un amparo ante los tribunales, anotó. El amparo fue concedido en primera instancia y la apelación presentada por el IPAB se encuentra desde hace nueve meses en un tribunal colegiado de circuito, agregó el GEA.
Refirió que el asunto adquirió un cariz político tras la intervención de la ASF, la cual, como resultado de la revisión de la cuenta pública de 2001, solicitó el descuento de los créditos presuntamente irregulares. Esa declaración produjo rápidas exigencias de todos los partidos en el Congreso, de reducir el costo fiscal del rescate bancario y limpiar el IPAB de créditos irregulares.