La posibilidad de que el Municipio de Torreón autorice a los concesionarios de transporte público el uso de autobuses reconstruidos como una medida provisional para mejorar la prestación del sercivicio, es digna de análisis. De acuerdo a la información disponible, se trata de autobuses reconstruidos de todo a todo en una línea de producción por una empresa que dispone de doscientas unidades para entrega inmediata, para cuya adquisición ofrece financiamiento.
Así las cosas, la propuesta ofrece una mejoría substancial a corto plazo y a un costo accesible para los concesionarios, lo que obliga a considerarla con seriedad. Sin embargo, la alternativa supone la posibilidad de que se incluyan unidades fabricadas en años anteriores a los que como límite de antigüedad autoriza la Ley de Tránsito y Transporte para el Estado de Coahuila, para evitar la utilización de unidades viejas.
La autoridad Municipal debe ser muy cuidadosa en el tratamiento del asunto en cuestión, puesto que en nigún caso debe violarse la Ley mediante la autorización y uso de autobuses de pasajeros de modelos más antiguos que los que la propia norma autoriza. Lo anterior debe observarse sin sin que valga la excusa en virtud de la cual, se alegue como en efecto ocurre, que en la práctica suelen circular unidades que no reúnen los requisitos ordenados por la citada Ley.
Frente a una solución sensata que se opone al marco legal como la que es objeto de comentario, se revela la necesidad de reformar la Ley de Tránsito y Transporte que está vigente en el Estado de Coahuila. A pesar de la necesidad que esto implica y que se pone de manifiesto en éste y muchos otros casos, ni el Gobierno del Estado ni los Diputados Locales hacen algo por poner al día la legislación en materia en cuestión, lo que mantiene el rubro del transporte público ahogado en una problemática ancestralmente irresuelta.