Como problema que ha rebasado la capacidad de las autoridades en Gómez Palacio, Durango, se presenta el relativo a la ordenación del transporte público. Es cierto que se trata de un problema ancestral que es frecuente en muchos estados y municipios del país, pero en la especie reviste singular gravedad y en todo caso, el mal de muchos no debe ser motivo de consuelo ni justificación.
Se trata de un problema que deriva del régimen de partido de Estado, que en los distintos niveles de gobierno repartía concesiones de ese servicio público a fin de integrar sus cuadros y sectores en forma corporativa. La asignación correspondía al reparto de cuotas de poder, a cambio de sumisión para efectos de control político electoral; en los primeros tiempos, los concesionarios respondían con fidelidad.
En otra etapa con el sistema político referido ya en decadencia, el reparto de concesiones fue utilizado como una forma de asimilar a disidentes, con lo que se incorporaron elementos de oposición. Lo anterior llevó la discordia intergremial y al desorden, que degeneró en la comisión de actos ilícitos que implican desde la prestación del servicio sin autorización hasta la falsificación impune de documentos.
Es necesario despolitizar el tema y asumir el régimen de legalidad que implique una revisión del marco jurídico que norma la actividad, en orden a los tiempos que corren y a la atención que merece una sociedad que es la usuaria del servicio. La tarea es enorme y para ello se requiere la coordinación de los niveles estatal y municipal de gobierno, por lo que Gobernador y Presidentes Municipales del Estado de Durango, tienen la palabra.