El intervencionismo gubernamental, las regulaciones y el paternalismo siempre se justifican con objetivos sociales nobles pero, paradójicamente, en la práctica terminan obstaculizando el desempeño económico y perjudicando a los consumidores. Los mexicanos hemos sido víctimas de estos tipos de intromisión durante décadas, esencialmente porque ellos benefician a unos cuantos grupos de poder, quienes son lo suficientemente hábiles para disfrazar sus intenciones con la demagogia del ?bienestar social? y la ?soberanía nacional?.
Los intentos por reducir la intervención estatal en la economía, eliminar regulaciones y abatir la actitud paternalista del gobierno han sido poco exitosos, y siempre encuentran una fuerte resistencia de quienes ven amenazados sus privilegios. Lamentablemente, las cosas no han cambiado mucho en esta administración. De hecho, existen muestras de un franco retroceso, no sólo por las acciones que instrumenta el jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés López, sino también por diversas medidas que proponen o adoptan varias dependencias del Ejecutivo Federal.
El señor López es el político más astuto en nuestro país, así como la expresión más pura del gobernante intervencionista y populista que tanto daño ha hecho a las naciones de América Latina. Esas características las ha demostrado en innumerables ocasiones como jefe de Gobierno del Distrito Federal. Una de las más recientes es la propuesta de su gobierno para mantener algunas zonas de la ciudad de México cerradas a la expansión de estaciones expendedoras de gasolina, lo que obviamente apoyaron los establecimientos de ese giro ubicados en la capital del país. El objetivo, según las autoridades y las gasolineras, es evitar ?una competencia depredadora?.
La Asociación Nacional de Expendedores de Petróleo, según una nota de prensa, está en pláticas con directivos de Pemex con la finalidad de poner una regulación territorial estableciendo puntos específicos para la instalación de gasolineras, que no sólo se aplique en el Distrito Federal, sino a nivel nacional, de manera que sea más ?acorde? al desarrollo de esta industria, evitando la llamada ?competencia depredadora? y protegiendo su inversión.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) utiliza un argumento similar para dar un paso atrás en los procesos de liberalización y apertura del espacio aéreo en nuestro país. El Gobierno Federal quiere regular el precio de los boletos de avión para, según las autoridades, fortalecer la operación de este sector. Para ello plantean un esquema de ?bandas tarifarias? con el fin de evitar una ?competencia depredadora? en la aviación comercial de nuestro país.
Los burócratas sabelotodo de la SCT elaborarán esas bandas para cada ruta nacional, tipo de mercado (negocios, playa, centro del país), temporadas altas o bajas, etcétera. El reto es determinar cómo ponen el piso y el techo a las tarifas, como calcular y establecer que en tal ruta se puede cobrar cierta cantidad sin que se abuse o ?deprede? ese mercado.
Un viejo adagio dice sabiamente que un lobo no debe ser enviado a cuidar de las ovejas. ¿Podemos confiar que el gobierno preserve la competencia en la economía? La historia de la intervención gubernamental en la vida económica de nuestro país muestra claramente que la burocracia y los políticos se preocupan por los intereses particulares de los productores más que por la competencia que beneficia a los consumidores.
El gobierno en innumerables ocasiones toma decisiones que constituyen una restricción a la libre empresa, independientemente de los argumentos que se utilicen para defenderlas. Las leyes y regulaciones que limitan la competencia benefician a unos pocos productores privilegiados restringiendo a los productores y consumidores no favorecidos. En consecuencia, es importante comenzar cualquier evaluación de una política gubernamental reconociendo un principio básico: Una ley que restringe el número o la actuación de los competidores restringe la competencia y perjudica a los consumidores.
En México no se puede competir con diferentes marcas de gasolina por un principio constitucional de la primera mitad del siglo pasado que debería desaparecer porque carece de sentido práctico en el siglo 21; pero los expendedores pueden competir con la calidad y variedad de sus servicios.
La decisión del gobierno del Distrito Federal no sólo favorece la rentabilidad de los expendedores bloqueando la competencia, sino que además les permitirá detentar las rentas económicas que gozaron cuando se limitaba el número de establecimientos de este tipo en perjuicio de los consumidores.
Algo similar ocurrirá con las ?bandas tarifarias? que propone la SCT, ya que beneficiarán a las aerolíneas grandes en detrimento de sus competidores pequeños y de los consumidores en general. Las autoridades aceptan, paradójicamente, que dicho criterio no se aplicará a las tarifas internacionales, porque estas se rigen por tratados bilaterales que no permiten a los gobiernos establecer ?bandas tarifarias?.
La competencia ?depredadora? es una queja común, pero ejemplos bien documentados de esta práctica son extremadamente raros. Los tribunales y los burócratas no saben ni están capacitados para determinar cuándo las reducciones de precios son competitivas y buenas para los consumidores, así como cuándo son depredadoras.
Por consiguiente, uno debe ver con mucho escepticismo cualquier propuesta de políticas que limiten la competencia con el argumento de la depredación, y más cuando muy seguido las defienden las empresas que claramente ganarían con ellas. La regulación gubernamental en nombre de la protección de los consumidores es, en realidad, una técnica efectiva para eliminar la competencia y depredar, eso sí, el bienestar de la población.
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