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MADRID, ESPAÑA.- España extraditó ayer al ex presidente de la constructora mexicana Triturados Basálticos S.A. (Tribasa), David Peñaloza Sandoval, acusado en su país por delitos de fraude y fraude genérico por unos 30 millones de dólares.
Fuentes del ministerio español del Interior confirmaron la entrega del empresario, detenido hace casi un año en este país y quien partió ayer en un vuelo de Aeroméxico que partió a las 18:09 horas locales del aeropuerto de Barajas.
Peñaloza, acusado de fraude en perjuicio de Nacional Financiera (Nafin), fue detenido el 29 de agosto de 2002 en el paso fronterizo de la localidad catalana de la Junquera, al norte de España, cuando intentaba cruzar hacia Francia.
La extradición del constructor fue aprobada en la pasada reunión del Consejo de Ministros del gobierno español.
La defensa legal en España de Peñaloza, contra quien autoridades mexicanas giraron el 27 de diciembre de 2001 orden de busca y captura con fines de extradición, dijo que su cliente no se opuso a ser enviado a su país donde ha obtenido recursos de amparo.
Al otrora alto ejecutivo de Tribasa se le tuvo en prisión preventiva en la madrileña cárcel de Valdemoro y se le sometió a proceso de extradición una vez que el diez de octubre último el gobierno de México hizo esa petición de manera formal.
A lo largo de los últimos meses, Peñaloza negó en comparecencias en la Audiencia Nacional española los cargos que se le imputan y su defensa interpuso varios recursos a su favor que consiguieron llevar este asunto a segunda instancia.
Una vez iniciado el proceso, las autoridades judiciales aseguraron en este país algunos de los bienes del empresario, entre ellos dos vehículos y varias cuentas bancarias, y el dinero que se encontró en su detención, 28 mil 560 euros y 20 dólares.
En sus alegatos, la defensa argumentó que Peñaloza jamás intentó escapar de la justicia mexicana al permanecer varios meses fuera de su país, así como que el delito de fraude no causa doble incriminación como exige el tratado de extradición entre México y España.
Una vez desechadas las peticiones de la defensa, fueron los magistrados de la Audiencia Nacional María de la Luz Bordillo, Alonso Martínez de Salinas y Francisco Castromeje quienes en mayo pasado elaboraron la ponencia presentada al gobierno para su estudio.