SALTILLO, Coah.-Es necesario que se emita un nuevo dictamen que cancele las operaciones de la gasolinería de la calle Nogales de la colonia Villa Jacarandas, de Torreón, operada por Ultraservicios de La Laguna II, porque pone en riesgo la seguridad de los vecinos que la circundan, demandó ayer el PRD en el Congreso del Estado, lo que en principio aceptó la legislatura, quien podría pedir a Protección Civil una segunda revisión del negocio de combustible.
La diputada María Beatriz Granillo Vázquez, en esta demanda de su autoría leída en su ausencia por Francisco Ortiz del Campo, consideró que el ayuntamiento de Torreón violó la Ley de Asentamientos Humanos, en su artículo 12, que consigna el cambio de uso de suelo, al autorizar la operación de la gasolinería, pese al peligro que representa.
Según Granillo Vázquez, el terreno donde se ubica la gasolinería es pequeño y se encuentra en una zona de alta densidad de población, por lo que debe reconsiderarse su operación.
“Este terreno es apenas un trapecio(por su figura geométrica) de 12 metros de fondo, 25 de frente y 36 de largo; con un mínimo de metros entre las bombas del combustible, sobre el área de estacionamiento de los carros y muy cerca de las edificaciones a su alrededor”.
Expuso que la distancia con las propiedades circundantes es menor a la que establece Pemex, las que son una escuela, viviendas y comercios, además de una maquiladora donde trabajan más de 150 personas.
Indicó que pese a la oposición de los vecinos, los que de manera organizada protestan desde junio de 2002, en febrero del presente año el ayuntamiento extendió dictamen de Protección Civil a favor de la gasolinería y que lo mismo hizo Protección Civil del Gobierno estatal.
Explicó que pese a que los vecinos interpusieron un amparo ante el juzgado federal de Torreón, expediente 1393/2002, se les negó a los ciudadanos su personalidad como terceros afectados.
Reveló que los documentos que validan la franquicia de Pemex, arrojan irregularidades técnicas, como las que se indicó líneas atrás.
Indicó que para evitar este tipo de anomalías o confusiones, debe existir una legislación clara y en particular sobre este tipo de negocios, por lo que el Congreso podría impulsar la creación de una normatividad al respecto.