México y Estados Unidos firmaron la semana pasada un acuerdo que traerá al país inversiones por 1,500 millones de dólares cada año. El acuerdo lo firmaron los miembros de la “Sociedad para la prosperidad”, organización a la que pertenecen empresarios estadounidenses y mexicanos. El convenio será presentado a la Cámara de Senadores de México para que tenga el rango de tratado internacional, dando garantías a los inversionistas americanos hasta por 250 millones de dólares por proyecto. Así, si hubiera, por ejemplo, una expropiación, los proyectos quedarían protegidos.
Las inversiones se centrarán en un principio a la infraestructura municipal y a la educación. Más adelante, se extenderían al sector vivienda y al aprovechamiento del agua. La finalidad de este acuerdo tiene como objetivo básico el disminuir y eventualmente eliminar la salida de mexicanos hacia Estados Unidos. Los proyectos se desarrollarán en los sectores más atrasados y pobres de la República para aumentar las oportunidades de trabajo, de desarrollo humano y de crecimiento económico en la zona. Así, los pobladores se quedarán en su territorio en vez de emigrar a Estados Unidos.
El modelo ya está probado. En Francia por ejemplo, después de la guerra, en situaciones diferentes de las de México, pero ante la huida de los campesinos hacia las ciudades, el gobierno “en vez de que los campesinos se fueran a la ciudad, llevó la ciudad al campo”. Desarrolló la infraestructura y las comunicaciones en el campo, creó centros de producción y de servicios con lo que al llegar la prosperidad al campo se logró el equilibrio entre el campo y la ciudad.
Esta es la primera ocasión en que una organización privada, mexiconorteamericana, se avoca a corregir las causas y no a paliar los efectos de la migración masiva de México hacia Estados Unidos, con acciones concretas que sean beneficiosas para ambas partes.
Esta “Sociedad para la prosperidad” está apoyada por los gobiernos de las dos naciones.
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Para la casi total liquidación de los bonos Brady estuvieron en México el Secretario del Tesoro de Estados Unidos y el Director Gerente del Fondo Monetario Internacional.
En julio de 1990, para hacer frente a la deuda externa que México tenía debido a las crisis de los años ochenta, firmó bonos de deuda por 36,300 millones de dólares en bonos Brady, cuyo vencimiento era a treinta años para el 31 de diciembre del 2019. México había ido disminuyendo la deuda pagando por adelantado.
La liquidación que se hizo la semana pasada fue por 3,839 millones de dólares, 1,840 mdd de recursos el Gobierno y 2,000 mdd de un préstamo con una tasa de interés mucho más baja que la que tenían los bonos Brady. Como dijo un especialista –México cambió deuda cara por deuda barata-. Sólo quedarán en circulación 1,284 mdd que serán liquidados el 28 de julio.
Con los pagos adelantados, México ahorró sólo en los últimos dos años y medio 852 mdd y con la liquidación liberó garantías asociadas a esta deuda por 694 mdd.
La liquidación de los bonos Brady permite la entrada de México a un segmento del mercado de capitales mucho más selectivo y le concede una categoría de emisor de deuda muy superior a la que tenía sólo hace cinco años.
En la misma ceremonia que acompañó la liquidación de los bonos Brady, el Director Gerente del FMI reconoció el avance político y económico de México en los últimos años: “Creo que los exitosos ejemplos de México y Chile han servido para mostrar el camino a otros países de la zona. México es un líder entre los países emergentes y es un gran ejemplo de buena administración económica ya que las autoridades han establecido un marco macroeconómico basado en mejoras fiscales y un tipo de cambio flotante”.
Pero también advirtió que el crecimiento del país ha bajado y la pobreza es muy elevada. Destacó la necesidad de una reforma fiscal mayor para reforzar la posición del país en el mediano plazo, para disminuir el déficit público y aumentar la confianza. Si hay un retraso en las reformas estructurales hay que pagar un costo: Menor crecimiento, con menor capacidad de luchar contra la pobreza y menor creación de empleos”.
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En México, la falta de inversión en desarrollo tecnológico ha ahuyentado empresas y ha impedido una mayor participación en el mercado de Estados Unidos. La manera de aumentar la competitividad es ingresar en la industria de alta tecnología. Los países que han crecido más en los últimos años como China y Corea son los que cuentan con una estructura tecnológica avanzada. México no ha crecido por falta de esta inversión.
Hay una relación muy clara entre el crecimiento de los ingresos y la inversión para generar tecnología. El aumento de ingresos es mayor cuando los recursos tecnológicos provienen del sector privado. En México, sólo se invierte el cuatro por ciento del Producto Interno Bruto PIB, en investigación tecnológica y es el Gobierno el que aporta el 80 por ciento de los recursos. Está invirtiendo 10,000 millones de pesos al año en investigación tecnológica, pero evidentemente los está aplicando a servicios públicos: información, tramitación de documentos oficiales, servicios de salud, interconexión entre los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal.
En comparación, la iniciativa privada está invirtiendo sólo 400 millones de dólares en investigación. Hay un Consejo de Desarrollo Tecnológico que intenta la convergencia entre Gobierno, iniciativa privada y universidades pero no ha aterrizado en soluciones concretas. El mayor esfuerzo se está dando en sector educativo, innovando sistemas de aprendizaje centrados en el alumno, provocando una actitud de innovación, de crítica y de colaboración.
Tenemos el lugar 28 entre 100 países en desarrollo tecnológico. No basta. Necesitamos mucho más.