El fin de la semana pasada se publicaron buenas noticias para México. Parece que finalmente se avanza con paso firme en la reforma del sector eléctrico. En su última reunión, los responsables del Comité Ejecutivo del PRI, aceptaron por unanimidad que los legisladores de ese partido voten en la Cámara, aceptando la participación del capital privado en la producción de energía eléctrica. Siendo el PRI la bancada más numerosa en la Cámara, su voto afirmativo asegura prácticamente la tan deseada reforma. En el proyecto se conserva como monopolio de Estado la transmisión, la distribución y el control de los precios del suministro de energía, pero lo importante es que el Estado (o la CFE) no necesita erogar para la construcción de las centrales eléctricas. Las compañías privadas que ganan los concursos, construyen las centrales con sus propios recursos y le venden a la Comisión todo el fluido eléctrico que producen. En el contrato además, se estipula que al cabo de un número determinado de años, las plantas pasan a ser propiedad del Estado mexicano.
Se está hablando de una erogación de 55 mil millones de dólares para los próximos 10 años, cantidad que el Estado mexicano no tiene, a menos que sacrifique otros rubros indispensables como el de la educación, las obras públicas, el combate a la pobreza, etc.
También está claro que no se tocan los activos de la Comisión. No se trata de vender o privatizar nada de lo que México posee en el sector eléctrico, se trata solamente de comprar la electricidad de las nuevas plantas para que la Comisión la distribuya y la venda.
Como parte del proyecto hay quienes quieren incluir como legal el que los grandes consumidores puedan producir su propia electricidad, o la puedan comprar a otros productores particulares, dejando a la CFE la exclusiva de la venta pública de energía.
Es necesario calcular bien el efecto que esta propuesta conllevaría, pues en este momento los grandes consumidores compran el 60 por ciento de la electricidad que se genera en el país. Si en forma masiva, estos grandes consumidores produjeran y se compararan entre ellos el fluido eléctrico, habría la posibilidad de que la Comisión se quedara con una sobreproducción imposible de colocar en un mercado saturado.
La reforma eléctrica tiene también una repercusión internacional. México, igual que todos los países emergentes necesita inversión extranjera directa para crecer, so pena de estancarse en su desarrollo si esa inversión va a otros países. En los últimos años, el capital extranjero ha fluido hacia México con un ritmo interesante de unos 12 mil millones de dólares por año, pero el hecho que en los últimos tres años, o sea durante el presente sexenio, por problemas partidarios, se habían congelado las iniciativas de reforma estructural: energética, laboral y hacendaria, comenzaba a haber, o de hecho todavía hay una cierta inquietud por parte de los posibles inversionistas, al percibir que la situación no está clara y que el país no garantiza suficientemente la seguridad que las grandes inversiones requieren para poderse establecer.
Está todavía por verse si la reforma energética se lleva a cabo adaptando algunos artículos de la Constitución o si se hace cambiando o modificando las leyes secundarias.
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También parece que están encontrándose las posiciones con relación a la Reforma Hacendaria. De la negativa que el año pasado dieron las Cámaras al proyecto del Ejecutivo de extender el IVA a alimentos y medicinas. Las posturas, hoy tienen acercamientos importantes.
El Ejecutivo presentó este año una propuesta de gravar con un IVA de 10% todas las operaciones mercantiles, incluyendo medicinas y alimentos, exentando del impuesto una canasta básica de alimentos y medicinas.
Otra vez una fracción importante de legisladores del PRI, está proponiendo otra alternativa: un IVA del 11% general, con un IVA del 5% para alimentos y medicinas, que aumentaría a 6% en el 2005 y a 7% en el 2006, dando facultades a los gobiernos estatales de cobrar un 2% suplementario, o sea el 13% al final del proceso.
Según los cálculos que acompañan la propuesta, el país recaudaría 100 mil millones de pesos más de lo que se recauda con el sistema actual, lo que significaría una sólida posibilidad de aumentar el gasto social, de hacer autónomos a Pemex y a la CFE, con la posibilidad de que Pemex pudiera pagar impuestos de acuerdo con las tarifas normales, permitiéndole sanear sus finanzas, dar mantenimiento a sus instalaciones e ir haciendo las erogaciones necesarias para el crecimiento del país.