México, DF.- Los cuatro bancos involucrados en el intercambio de pagarés Fobaproa por IPAB - Bancomer, Banamex, Bital y Banorte- demandaron a los despachos de auditores, para evitar que entreguen a la Cámara los documentos que contienen información de créditos que podrían contener irregularidades.
Hace casi dos años, el Congreso solicitó al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) iniciar una nueva revisión en la cartera de estos intermediarios.
El legislativo ordenó tres revisiones a la cartera: de legalidad, de identidad de objeto y de gestión.
En las dos primeras es necesario entrar a los libros de los bancos, mientras que en la de legalidad se requieren los documentos de los despachos.
Esta información, que forma parte de la auditoría de Mackey no fue entregada en su momento al Congreso, de ahí que los legisladores exijan la revisión de los papeles, ya que consideran que en los documentos hay ilegalidades que pudo haber omitido Michael Mackey.
Esta condición es indispensable para que se lleve a cabo el intercambio de pagarés Fobaproa por IPAB, y de esta forma, se logre reducir el costo del rescate bancario.
Los pagarés ascienden a poco más de 200 mil millones de pesos y su vencimiento es en 2005.
Margarita de la Cabada, secretaria jurídica adjunta del IPAB, afirma que hace unos días los despachos recibieron una orden judicial para no entregar los papeles de trabajo.
?Es increíble que los auditores estén imposibilitados de proporcionar la información a la Cámara (que fue quien pagó las auditorías con recursos del presupuesto)?.
El argumento que utilizan los intermediarios para no entregar los documentos es que ello sería violatorio del secreto bancario, mismo que no aplica para el IPAB.
Otra de las justificaciones, dice la funcionaria, es que hay acuerdos de confidencialidad con los despachos. Los auditores en cuestión son: Deloitte y Leal.
Margarita de la Cabada comenta que para el IPAB, los argumentos de los bancos en contra de los despachos son ?inaplicables?.
Sin embargo, el juez dictó una medida precautoria para que no se entreguen los papeles a la Cámara, pero el IPAB se acaba de amparar contra esa decisión.
?Lo que pretendemos es que se levante ese impedimento legal para que se proporcione la información de una auditoría que la Cámara ordenó y pagó?.
Y fue más allá. Dice que resulta inexplicable que los propios despachos tengan duda jurídica sobre si es procedente o no la entrega de los papeles... cuando cobraron, cobraron unos honorarios que cubrió el Congreso! Margarita de la Cabada menciona que el IPAB está en medio de dos conflictos: por un lado, los procedimientos judiciales y, por el otro, se acerca el vencimiento del plazo para el intercambio de pagarés.
?En la eventualidad de que llegue el vencimiento de los títulos, tendría que ser la Cámara o de las autoridades quienes decidan las acciones a seguir?.