Once días después y casi a la misma hora de la madrugada en que se inició, cesó la usurpación del canal Cuarenta a cargo de TV Azteca. A partir de las cinco de la mañana de ayer martes esa estación presenta sólo barras cromáticas y no la estulta programación de la televisora del Ajusco. Por ese motivo, no hubo una segunda edición del Informativo 40, el breve noticiario de treinta minutos conducido por Sergio Sarmiento con que la empresa de Ricardo Salinas Pliego intentó sustituir a medias el que durante una hora transmitieron en los años recientes, de las 22 a las 23 horas, la antigua profesora del CIDE Denise Maerker y Ciro Gómez Leyva. La del lunes, contrahecha como todos los comienzos, fue el debut, beneficio y despedida de un vano esfuerzo por dar al Cuarenta una apariencia de normalidad. (Los lectores jóvenes merecen una explicación sobre la frase, surgida de la jerga teatral, empleada en el párrafo anterior. Antaño, en las temporadas de teatro había tres momentos estelares: obviamente el arranque y la culminación, las dos funciones extremas, las del comienzo y el final, el debut y la despedida. El tercero de esos momentos consistía en una función especial, dedicada a la estrella de la obra, que no sólo recibía el homenaje del público, sino que la taquilla era también en su beneficio. De modo que cuando los tres instantes principales, el debut, el beneficio y la despedida, se reducían a uno, es que la obra había fracasado, que no era capaz de perdurar. Eso ocurrió al Informativo 40, en que Sarmiento no pudo desplegar su experiencia como entrevistador). Ese desenlace, apenas provisional, se produjo merced a una negociación política. En vez de aplicar tajante y rotundamente la ley, el gobierno del Presidente Fox prefirió intentar el avenimiento de los dueños de los intereses en litigio, Salinas Pliego y Javier Moreno Valle. Como si no estuvieran implicados el interés público y el orden jurídico y sólo se tratara de un litigio de relaciones privadas entre iguales, el secretario de Gobernación Santiago Creel convocó a los disputantes a una reunión en Bucareli. También asistió como invitado, como si no fuera el titular de una autoridad omisa en la aplicación de la ley, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola. El propósito era, lo dijo un boletín difundido al comenzar la jornada laboral de ayer, “dialogar y encontrar una solución a la controversia que (Televisión Azteca y Televisora del Valle de México) mantienen respecto de la operación de la frecuencia XHRVM-Canal 40”. El resultado fue que “las partes se han fijado un plazo máximo de tres días para alcanzar un acuerdo y se comprometen a que, durante ese lapso, se abstendrán de formular declaraciones o pronunciamientos públicos en relación con el asunto. Asimismo, a lo largo del período de acuerdo entre las partes, la frecuencia correspondiente al canal 40 transmitirá únicamente barras cromáticas”. No se aplicó la ley pero, dice uno con resignación conformista, algo es algo: al menos cesó la ostensible infracción a la norma que rige la radio y la televisión, que prohíbe emitir a quien carezca del título de concesión correspondiente. Del 27 de diciembre al siete de enero, TV Azteca se colocó en ese supuesto, para lo cual contó con la complicidad gubernamental, no sólo por omisión sino también activamente: la emisión única del Informativo 40 resultó patrocinada por el INEGI.
La Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía, encargada de administrar los tiempos estatales, ignorante de que esa estación se encuentra en litigio, o a sabiendas y por ello tomando partido, programó mensajes de ese Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Anoche ya no tuvo necesidad de hacerlo, ni hoy y mañana tampoco. La tregua de tres días seguramente resultará estéril. Es difícil que se avengan en tan breve lapso, en medio de circunstancias agravadas, intereses que se han enfrentado durante 18 meses. Será preciso entonces aplicar la ley. No la requisa, como estimó posible el vocero presidencial Rodolfo Elizondo, pues esa figura jurídica sólo es viable “en caso de guerra internacional, de grave alteración del orden público o cuando se tema algún peligro inminente para la paz interior del país o para la economía nacional”. Pero sí debería aplicarse el aseguramiento de los bienes materiales implicados en la usurpación practicada por TV Azteca. Dice el segundo párrafo del artículo 104 bis de la Ley Federal de Radio y Televisión que “cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tenga conocimiento de alguno de esos hechos (la operación de una emisora sin la concesión correspondiente, por ejemplo), procederá al aseguramiento de la estación de que se trate, poniéndolos bajo la custodia del depositario interventor que ésta designe”. Eso es lo que deberá hacerse, mientras concluyen los procedimientos judiciales que las partes han protagonizado. Será muy grave que la mediación gubernamental se convierta en aval de la ilegalidad. Puesto que el conflicto fue llevado a instancias judiciales públicas y privadas, es necesario, y es sensato, esperar a que esos procedimientos lleguen a la fase de ejecución. Entonces sí, como en todos los casos, la fuerza pública, esto es, la fuerza del Estado, deberá quedar al servicio de la aplicación de la ley. Mientras tanto, los contenidos informativos del canal 40, los únicos con valor peculiar, han sido sustituidos por barras cromáticas. Pronto sabremos si eso es lo que se quiere.