Desidioso o provocador, el gobernador de Durango Ángel Sergio Guerrero Mier no había llegado, al comenzar la tarde del miércoles, a la Secretaría de Gobernación, solicitada por el gobierno de Zacatecas para intervenir en un conflicto en que de un momento a otro puede estallar la violencia. Por lo tanto, el Gobierno Federal no se decide a participar en la solución de un problema que tiene en riesgo la vida de 260 campesinos y aun las de miembros de corporaciones policiacas.
Se trata de un conflicto añejo, que en las dos semanas recientes ha adquirido perfiles de alta peligrosidad. El 20 de febrero un tribunal agrario declaró nulo un decreto de 23 de junio de 1997, por el que el presidente Zedillo, como máxima autoridad agraria, expropió las 5,465 hectáreas de ejido de Bernalejo, en el municipio de Valparaíso, Zacatecas y dispuso que esa extensión se agregara a las más de 300 mil hectáreas de que ya dispone la comunidad de Santa María Ocotán, en el municipio de Mezquital, Durango.
Los ejidatarios permanecieron en los terrenos afectados, y emprendieron el camino jurídico para revertir los efectos del decreto expropiatorio. Durante el lustro siguiente muchos de ellos han sido víctimas de vejaciones y amenazas de muerte, emitidas por los líderes de la comunidad tepehuana que blandieron durante todo ese lapso el decreto presidencial que les otorgó tierra de que se despojó a otros.
Era tal el hostigamiento que en junio del año pasado el presidente del comisariado ejidal de Bernalejo, a quien acompañaron diputados locales y federales de varios partidos, acudió en queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Estaba en curso la demanda de nulidad del decreto en un proceso que en su primera instancia llegó a su fin hace dos semanas. Ante la inminencia del fallo, cuya orientación se filtró a las partes, el 17 de febrero la comunidad de Santa María Ocotán emitió un ultimátum a los ejidatarios: Salir de las tierras en litigio en un plazo de diez días, o atenerse a las consecuencias.
Si bien la comunidad tepehuana, con apoyo del Gobierno de Durango, acordó impugnar el fallo agrario, para lo cual tiene abiertos varios caminos, también resolvió recurrir a la acción directa, en cumplimiento de la amenaza. En una primera fase, el sábado pasado unos quinientos comuneros obturaron el paso en la única vía de acceso al centro de población ejidal, donde viven sesenta familias, el camino que une a Bernalejo con San Juan Capistrano. Al efecto, derribaron árboles de los que constituyen la riqueza del lugar, y nadie entra ni sale por ese camino.
Las autoridades de los estados a que pertenecen los pueblos en conflicto movilizaron de inmediato su fuerza policiaca. Unos veinte elementos de la policía preventiva zacatecana quedaron también varados dentro del cerco. Y en las proximidades, en el territorio de sus respectivas entidades, agentes judiciales de Durango y Zacatecas deambulan, no necesariamente en previsión de lo que ocurra sino por desgracia para sumarse a la violencia que se suscitare, ya que sus gobiernos han ordenado defender los intereses de sus respectivos ciudadanos.
No se trata de un conflicto de límites entre estados, no obstante lo cual los gobernadores han asumido con denuedo el partido de los centros de población que les corresponde. El gobernador de Durango lo ha hecho de un modo que agrega riesgo al peligro. No sólo ha descalificado el fallo, en vez de esperar a su revisión jurídica, sino que emite sus propios juicios.
Con un criterio numérico, que además no tiene presentes todos los datos, opone las dimensiones de la comunidad tepehuana (hasta cinco mil miembros) con la del ejido zacatecano (menos de trescientos), sin considerar que para Santa María Ocotán la superficie en litigio es minúscula, por abajo del uno por ciento del total, mientras que para Bernalejo la afectación significó la supresión completa del ejido.
Guerrero Mier ha descalificado además la posibilidad de que una fuerza armada federal, el Ejército o la PFP tengan en la zona presencia que contenga los ánimos: “Yo quiero saber cuál es el guapo comandante de alguna fuerza pública que vaya a mandar un pelotón o batallón a enfrentarse con cinco mil indígenas...” (Nota publicada en un diario capitalino el 26 de febrero).
Por supuesto que no se trata de eso, de generar un acto de represión masiva. Pero ya que el Gobierno de Durango no disuadió a sus ciudadanos de llegar a la acción directa, a la que del sábado para acá se han sumado cientos de personas más, tiene responsabilidad de contribuir al apaciguamiento de las pasiones. Y no lo ha hecho: Dio prioridad a quién sabe qué otros asuntos y no llegó el martes a la reunión que el secretario Creel lo había convocado, y a la que concurrió Ricardo Monreal, el gobernador de Zacatecas. Hasta 24 horas después la cita no se había concretado, y por lo tanto no se había acordado el modo en que la intervención federal contribuiría a encarar el conflicto.
Los tepehuanos tienen tradición de bravura combatiente. En el siglo XVII resistieron con fuerza la evangelización, hasta organizar una verdadera revuelta. Muchos años después de 1616, año principal de aquella rebelión el obispo de Durango Esteban Lorenzo de Tristán recordó al virrey Revillagigedo que los tepehuanos “tuvieron atrevimiento y valor para presentarse armados y en campo de batalla”. Eran “más de 25 mil indios resueltos ciegamente a sacudir nuestra dominación y, como ellos decían, a comprar su antigua libertad a costa de sus vidas”. Hoy no es ese el caso.