Un aparato estatal obeso siempre resultará un lastre para el pueblo. Porque es gracias al pago de sus contribuciones que se sostiene éste, de manera que entre más grande sea el sector burocrático mayores recursos se requerirán para su sostenimiento, ello sin dejar de considerar que a los ojos de la ciudadanía, por lo común, el empleado público tiene una mala reputación pues es considerado como una persona ineficiente y corrupta, aunque hay desde luego sus excepciones.
Es por ello que cualquier propuesta que tienda a reducir y eficientar el aparato burocrático es bien aceptada por el pueblo en la medida en que esa reducción se traduzca en una disminución de las cargas que tiene que soportar éste, pues la sola supresión de dependencias con el fin de crear otras no es una razón suficiente, porque la carga económica sigue siendo la misma y por tanto no se ataca el problema de raíz.
Es por ello que la propuesta de los gobernadores reunidos en la Conago, consistente en la desaparición de las dependencias federales a fin de que sean los estados quienes asuman las funciones encomendadas a aquéllas, si bien puede ser viable para lograr el objetivo de reducir la burocracia, debe estudiarse con detenimiento para que en realidad se logre el objetivo pretendido de ahorrarle a la federación una buena cantidad de recursos.
De acuerdo con los datos proporcionados por los gobernadores, de aceptarse la propuesta, la federación trasladaría a los estados esas funciones y recursos por el orden de treinta y cinco mil millones de pesos. Pero para que la medida fuera acertada se requeriría que los estados, prácticamente con la estructura burocrática actual, se hicieran cargo de esas funciones o cuando menos que el costo de trasladarlas significara la mitad o menos de la cifra citada, pues de otra forma no habría ventaja para el pueblo.