Por Cecilia Aguilar Acuña.
El Siglo de Torreón
FRANCISCO I. MADERO, COAH.- Como es común, el alcalde José Luis Marrufo Álvarez no estaba ayer en la presidencia municipal cuando un grupo de taxistas “piratas”, militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), acudió para informarle que en caravana acudirían al Gobierno del Estado para solicitar a las autoridades correspondientes su dimisión por las irregularidades de un supuesto estudio socioeconómico realizado por una empresa contratada por él y que no incluyó más que a uno de 20 solicitantes de su base.
Pacíficamente, más de 50 taxistas encabezados por Manuel Sánchez Saucedo, dirigente municipal del PRD, en este municipio, se dieron cita en el edificio oficial para solicitar una audiencia con un Edil ausente. Al abordarlos la representante de este medio, ya habían hablado con los regidores, Isidro Perales Espino, Pascual Martínez Reséndiz y Elías Delgado Zamora, quienes les dijeron que solamente Marrufo Alvarez podía resolverles su problema, ya que ellos no estaban facultados para emitir ningún juicio y que la empresa contratada decidió de esa manera.
Y es que la inconformidad de los quejosos la fundamentan en que ellos fueron los que hace más de dos años iniciaron el movimiento y que gente con otras fuentes de trabajo, aparece en la lista final. La compañía contratada por el alcalde matamorense, la dirige Óscar Luján Fernández y está domiciliada en Calle del Puerto número 66 en la colonia Valles de la Hacienda en Torreón.
Muchas irregularidades.
El reloj marcaba las 11:00 horas y los manifestantes se cansaron de esperar a un Edil que nunca llegó al recinto presidencial, pero decidieron esperar dos horas más para “ver si llegaba”. Mientras el dirigente perredista, Manuel Sánchez Saucedo, cuestionaba a los taxistas de unidades “piratas” sobre los pasos a seguir, las opciones oscilaban desde tomar la presidencia, acudir a Torreón para presentarse en los diferentes medios de comunicación o emprender una caravana al Gobierno del Estado en Saltillo para comunicar a las autoridades correspondientes sobre el proceso amañado inducido por Marrufo Alvarez y solicitar su dimisión.
José Alberto Jiménez Pérez, taxista de 25 años, quien es padre de un menor de edad, afirmó que los 70 solicitantes a igual número de concesiones que vienen en la lista final, “pagaron desde dos mil hasta cuatro mil pesos para ser tomados en cuenta en este proceso, como nosotros somos pobres y sí vivimos de éstos, quedamos fuera por no tener para el ‘moche...’ ”.
A su vez, Víctor Acevedo, un veterano ruletero, asegura que un regidor, de quien evitó proporcionar su nombre, le informó que en la lista también aparece el nombre de Juan Sánchez, alías “El Cóster”, quien tiene antecedentes penales, “es claro que no se respetaron los puntos del convenio, pues la gente que se verá beneficiada según la resolución final, son personas hasta delincuentes y los más, tienen otra fuente de trabajo; hasta el recaudador de rentas, David Flores Lavenant, yerno de Elías Delgado Zamora, aparece en el listado... además nunca nos visitaron en nuestros hogares, para el supuesto estudio socioeconómico”.
Inicia la lucha
Una plática infructuosa nuevamente mantuvieron con los mismos regidores luego de las dos horas de espera, en las cuales nunca llegó el Edil. En la oficina del Presidente Municipal, los regidores, al dirigente perredista y a su gente, nuevamente les comunicaron que ellos no estaban facultados para proporcionar una solución a su conflicto. De ahí, los manifestantes salieron a las calles de la ciudad para solicitar el apoyo de la ciudadanía... luego sus pasos se encaminarían a Saltillo.
Se lavan las manos.
Los regidores, Elías Delgado Zamora, Federico García Márquez y el secretario del Ayuntamiento, Isidro Perales Espino, luego de la reunión que tuvieron con los taxistas “piratas”, dijeron que ellos no intervinieron en el proceso y que la comisión para el autotransporte que formaba un grupo se regidores, se desintegró al tiempo que entró el despacho particular contratado por el Edil.
La actitud.
· Los regidores se miraban unos a otros, como si esperaran el permiso del otro, para contestar a las preguntas que la representante de este medio emitía.
· Ante la pregunta sobre si había sido justo y honesto el dictamen final, la respuesta llegó luego de un silencio prolongado, donde Federico García Márquez preguntaba a Elías Delgado Zamora, “¿qué le contestamos?” y luego atina a decir, “pues es difícil contestar, es justo para el que viene en la lista e injusto para los que no”.
· Sobre si su yerno, el recaudador de rentas, David Flores Lavenat, viene en las listas, Elías Delgado Zamora expuso: “si fuera así, entonces yo asumiría mi responsabilidad”.
· El dictamen se aprobó el 31 del mes pasado en junta de Cabildo y probablemente saldrá publicado en el Diario Oficial la próxima semana.
· Al cuestionarlo sobre si el dictamen final es de carácter irreversible, los funcionarios se miraban unos a otros y nuevamente Federico preguntó: “nos hablan, ¿es factible o no otra revisión... qué le decimos?
· La contestación al final llegó: “Cabe un amparo, que sea emitido por una -autoridad en otro nivel”.
FUENTE: Investigación de El Siglo de Torreón
Tienen razón
El regidor, Pascual Martínez Reséndiz, militante del otrora Partido Cardenista Coahuilense, afirma que los manifestantes tienen razón, “porque en este proceso hubo mano negra”.
Dice que Óscar Luján Fernández, quien maneja la empresa contratada por el Edil, “se basó solamente en la documentación y no visitó a nadie en sus domicilios, por eso sostengo que la lista final es la misma que en una reunión de Cabildo, -previa a la contratación de la compañía en cuestión-, algunos regidores rechazamos, pues como en este caso, gente que en verdad lo merece quedaba fuera del proceso”.
Dice que no responsabiliza al alcalde, José Luis Marrufo Alvarez, “pero otras personas metieron mano negra, pues gente como Nicandro Palacios, líder de taxistas, esposo de la síndica, Lázara Rivas Hernández y un hermano de ésta, no debieran tener una concesión”.
Por su parte, Margarita Gracia Tostado, regidora panista, también se pronunció en contra del dictamen final, ya que en el proceso existieron intereses particulares de algunos miembros del Cabildo y lo rechaza, “porque en primer lugar, no se dio respuesta a las necesidades de empleo de la gente que no tiene un ingreso fijo y que en verdad necesitaba esta fuente de trabajo y segundo, que esta situación puede desatar actos de violencia...”.