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México, DF.- El Gobierno Federal y el Congreso de la Unión iniciaron el análisis de una serie de reformas legales y acciones en contra de los “polleros”, así como de protección a los migrantes mexicanos en su cruce por la frontera norte.
Luego de la muerte por asfixia de 18 indocumentados en un contenedor abandonado en Victoria, Texas, se anunció que en breve el Ejecutivo federal y el Congreso impulsarán una reforma para endurecer las penas en contra de las bandas de traficantes de indocumentados.
Incluso, la víspera senadores y diputados federales se reunieron con funcionarios de Gobernación, Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Salud, cancillería y del gobierno de Sonora para buscar “un cambio de estrategia” en la protección de los migrantes y terminar con la impunidad y corrupción en que operan los llamados “polleros”.
La reunión en la Secretaría de Gobernación (Segob) fue encabezada por el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Segob, Javier Moctezuma Barragán, en donde se analizó la situación que ha provocado la muerte en los últimos cinco años de al menos mil 600 mexicanos en su intento de cruzar a Estados Unidos. Las reformas que se analizan son al artículo 138 de la Ley General de Población para que el delito de tráfico de personas se equipare al de delitos contra la salud y se sancione sin necesidad de denuncia este delito, es decir se persiga de oficio.
El secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja, Sergio Acosta Salazar, dijo que en la actualidad se castiga con cárcel de seis a 12 años a los “polleros” así como una multa de 100 a diez mil salarios mínimos.
En este sentido, dijo que es necesario que las sanciones se endurezcan; es decir que se castigue a los traficantes de indocumentados hasta con 25 años de prisión y multas hasta por 20 mil salarios mínimos, ya que -dijo- de lo contrario será muy difícil que se logre combatir este problema.
En entrevista el legislador federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) manifestó que de esta forma, los que se dedican a esta ilícita actividad no podrán lograr su libertad con tanta facilidad.
Por separado y en rueda de prensa los diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Patricia Aguilar García y de Acción Nacional (PAN), Tarcisio Navarrete Montes de Oca se refirieron a la reunión con funcionarios de varias secretarías y organismos como el Instituto Nacional de Migración.
Anunciaron que ya se prepara la reforma penal para castigar más severamente a los “polleros”, perseguir de oficio a estas bandas y castigar a los funcionarios públicos de cualquier nivel, incluidos jueces y Ministerios Públicos que se involucren con esa actividad.
En el Palacio Legislativo de San Lázaro, Navarrete Montes de Oca anunció que en los próximos días una comisión de legisladores viajará a Sonora y Arizona para hablar con las autoridades de ambos estados sobre medidas locales que frenen esta ola de muertes de migrantes.
Señaló que se busca aplicar un programa para detener a los “polleros” y de auxilio en zonas como La Reserva de la Biosfera del Pinacate, el Gran Desierto de Alta y el llamado “corredor de la muerte”, que va de Hermosillo a Arizona.
A su vez, la presidenta de la Comisión de Migración, Población y Asuntos Fronterizos, Patricia Aguilar García, consideró urgente aprobar las reformas que a la par de terminar con la impunidad con que operan los “polleros”, “permita acabar con la gran corrupción que rodea la actividad”.
Destacó que en la reunión con funcionarios federales se denunció que existe corrupción de policías, Ministerios Públicos y jueces con dichas bandas, por lo cual cuando un “pollero” es detenido en un lapso de dos o tres días queda libre.