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México, DF.- La fracción parlamentaria priista en la Cámara de Diputados prevé impulsar una reforma constitucional que permita a los estados de la república signar acuerdos migratorios regionales con sus homólogos de Estados Unidos para impulsar un mecanismo de trabajo temporal seguro y eliminar el uso de “polleros”.
El proyecto de reforma que alentará el diputado priista, Roberto Pedraza Martínez, ya cuenta con el respaldo de congresistas republicanos y demócratas, así como de la gobernadora de Arizona, Janette Napolitano, “ahora sólo falta el consenso de todos los partidos en el Congreso mexicano para consolidar este mecanismo novedoso”.
En entrevista, expuso que al año 400 mil mexicanos cruzan como indocumentados la frontera entre México y Estados Unidos, lo cual provoca cientos de muertos al año y una “sangría económica” millonaria para los migrantes, ya que cada cruce tiene un costo promedio de dos mil 500 dólares.
“Ante el evidente impasse de las negociaciones a nivel de los gobiernos de ambos países para firmar en el corto tiempo un acuerdo migratorio, esta propuesta plantea una reforma constitucional que permita a los estados del país signar este tipo de tratados con estados del vecino país”, dijo en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
La iniciativa denominada 10-2 y 5-1 prevé que por cada período de diez meses de trabajo en Estados Unidos, los migrantes regresen dos meses al país. La otra modalidad es cinco meses en la vecina nación por uno en México.
El también integrante de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, dijo que cada entidad de la república buscaría por separado y con base en su situación la firma de acuerdos con estados del vecino país. “Habrá estados que sean grandes exportadores de mano de obra y otros que no requieran este mecanismo”.
Pedraza Martínez comentó que se prevé el “pago de una fianza o depósito” que tendría que hacer cada migrante a las autoridades de Estados Unidos con un costo de unos dos mil dólares, de los cuales el total o un gran porcentaje serían devueltos cuando el trabajador retorne a México.
“Con ello, agregó el legislador federal por Hidalgo, se desalentaría la migración ilegal, ya que los trabajadores preferirían ir con la seguridad de un empleo, sin el riesgo de morir en la frontera, sin el gran costo económico que representa pagar al traficante o pollero y con la posibilidad de recuperar el depósito si cumple con la fecha del retorno”.
Consideró como viable este iniciativa que paradójicamente nació de una idea de la gobernadora de Arizona, Janette Napolitano, quien hace poco hizo un llamado a los gobiernos estatales de México a consolidar acuerdos regionales o estatales en el tema migratorio. “Congresistas y senadores de Estados Unidos tanto republicanos como demócratas, así como organizaciones civiles están completamente de acuerdo estas reformas, ya que permitirían al gobierno estadounidense tener una migración controlada, que pague un impuesto por su ingreso y que le dé seguridad a sus fronteras”.
Reconoció que ninguno de los dos gobiernos conoce con certeza el número de migrantes, la forma de ingreso ni las características de cada uno de los trabajadores, por lo cual una reforma de esta magnitud permitiría evitar accidentes, muertes y la reunificación familiar.