El gobierno federal y las organizaciones campesinas concluyeron el sábado 12 de abril las negociaciones del Acuerdo Nacional para el Campo (ANC), que se espera sea firmado durante esta semana por el presidente Vicente Fox, gobernadores, legisladores y representantes del sector agrícola.
El punto de desacuerdo más importante entre el gobierno y los representantes de las organizaciones campesinas durante el tiempo que duraron las negociaciones sobre el ANC, fue el tratamiento al Tratado de Libre Comercio de América del Norte en lo referente al capítulo agrícola, en particular la petición de que se excluyeran en definitiva al maíz y al frijol del proceso de liberalización comercial y se establecieran volúmenes máximos de importación por producto y cadena agropecuaria.
Estas demandas de una renegociación del TLCAN son una excusa para continuar el gran desperdicio de recursos que por razones políticas ha existido por tanto tiempo en el campo mexicano, y que ahora quieren continuarlo quienes ven en él la manera de ganar terreno en la lucha por el poder en nuestro país.
El campo y la agricultura mexicana no están en crisis. Los que están en crisis son millones de campesinos a los que se les ha hecho creer que la salida de su rezago económico está en que sigan dedicados a actividades agrícolas improductivas. El comercio libre nos ha mostrado que los productores agrícolas mexicanos han sido muy exitosos en colocar en los mercados internacionales, en especial el estadounidense, hortalizas, legumbres y frutas. En cambio, la agricultura ejidal y de temporal, mucha de ella en zonas cuya orografía es poco propicia para la actividad agrícola, se concentra en productos donde no necesariamente existe una ventaja comparativa en nuestro país.
Eso explica porqué importamos maíz, trigo y sorgo, así como muchas oleaginosas, en particular la soya, que llegan a los hogares mexicanos a precios menores que cuando el mercado interno se encontraba totalmente protegido. En consecuencia, la evidencia comercial nos muestra con claridad que para mejorar la productividad y el nivel de vida de los mexicanos, nuestros recursos económicos y humanos necesitan desplazarse de la producción de granos básicos donde no hemos podido alcanzar un nivel de competitividad razonable, hacia la de hortalizas y legumbres, así como a la de bienes industriales donde tenemos una ventaja comparativa frente al exterior.
Los que participaron en las mesas de trabajo prefirieron centrar el debate en la arena política, donde se sienten cómodos, en vez de entrar a una discusión técnica seria donde el análisis y la evidencia desacreditan sus posturas populistas. Saben muy bien que la problemática de los campesinos mexicanos precede con mucho al TLCAN, cuyos acuerdos se conocen al detalle desde hace más de diez años. No obstante, en estos días culparlo por los males que aquejan a los agricultores es una buena excusa para enturbiar el ambiente político, obtener recursos públicos y cosechar dividendos electorales el próximo 6 de julio.
Las organizaciones campesinas finalmente se desistieron de su demanda de renegociar el capítulo agrícola del TLCAN como una condición para firmar el ANC, pero a cambio el Ejecutivo Federal se comprometió a iniciar de inmediato consultas con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá para revisar el proceso de desgravación del maíz blanco y frijol establecido en el TLCAN, y en su caso, sustituirlo por ?un mecanismo permanente de administración de importaciones?. El gobierno federal cedió, además, en otra de las exigencias torales de los revoltosos: más recursos presupuestales para el ?campo?.
Sacar de la miseria a los agricultores y campesinos no depende de la renegociación del TLCAN, ni del proteccionismo o los subsidios al campo, ni de la distracción indiscriminada de recursos públicos. Debemos reconocer que es imposible que tantos millones de mexicanos encuentren su prosperidad en el campo. Nuestra tierra no tiene la vocación ni cuenta con las condiciones orográficas para sostener a más de 20 millones de personas, por lo que una gran parte de los ?subsidios? y dinero público que se destinen al ?campo? acabarán en los bolsillos de burócratas, lideres gremiales y agricultores acaudalados, sin beneficiar a las masas de campesinos que continuarán en la pobreza.
Las autoridades y los líderes de todas las organizaciones que participaron en las mesas de negociación se dicen interesados en el bienestar de la población rural, pero acabaron aprobando medidas que, aunque políticamente vistosas, son económicamente erróneas, por lo que en la práctica no funcionarán y mantendrán en la miseria a millones de personas.
Los recursos que se destinarán al campo, las medidas proteccionistas que con diferentes excusas aplicarán nuestras autoridades como respuesta a las presiones políticas en este año electoral, así como los subsidios en precios de energéticos, agua y créditos, comprarán tiempo y apoyo políticos, pero serán, como siempre, recursos lamentablemente desperdiciados que no rendirán los frutos esperados y que, además, encarecerán innecesariamente las alternativas de consumo para la población.
La mejoría en el nivel de vida de los campesinos sería viable si muchos de ellos se percataran que su futuro no está en la agricultura, así como que los recursos públicos tendrían un mejor uso en programas educativos y de capacitación orientados a facilitar su integración en otras actividades productivas. Que esto se haga realidad, sin embargo, depende de que nuestros políticos trabajen en crear las condiciones para ofrecerles mejores oportunidades; en vez de dejarlos en las áreas rurales para utilizarlos, como ya es tradición, con fines electorales.
E-mail: salvadorkalifa@prodigy.net.mx