Cualesquiera que hayan sido los acuerdos a los que vitoreó uno de los jefes de la enorme familia presidencial (célula de la sociedad a la que ahora hay que referirse como cabeza del Estado, pues la pareja presidencial sumó a su parentela en torno suyo), al emitir el Grito la noche del lunes 15, es claro que no se refería a los que explican y mantienen la relación entre el Episcopado mexicano y el Gobierno Federal. En vez de acuerdos hay en ese ámbito discordia peligrosa, nacida de que el cardenal arzobispo de Guadalajara, el número dos de la Iglesia mexicana (situado sólo después del primado de México, igualmente portador del capelo cardenalicio) aparezca como indiciado en una averiguación penal, iniciada por denuncia de un ex procurador general de la República poseedor de información surgida acaso de condiciones derivadas de su antigua posición de jefe del ministerio público.
El Grupo Reforma dio a conocer el jueves pasado porciones de una circular enviada por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en que pide informes sobre los movimientos bancarios, cambiarios y bursátiles realizados a partir de 1996 por el cardenal arzobispo de Guadalajara Juan Sandoval Íniguez. La PGR lo tiene como indiciado a partir de una denuncia de hechos, de 25 cuartillas, presentada en mayo pasado por el ex procurador general de la República (y ex rector de la UNAM, ex ombudsman federal, ex secretario de Gobernación, ex ministro de la Suprema Corte y ex embajador) Jorge Carpizo.
La petición a la Conbava da por indiciados también al empresario de juegos de azar, José María Guardia y al abogado José Antonio Ortega, cuyas actividades financieras quiere también conocer el ministerio público federal, lo mismo que las de una docena de personas, entre las cuales once hermanos del cardenal y el ahora diputado federal panista Fernando Guzmán Pérez-Peláez. Se incluye en la lista a dos personas fallecidas, la propia madre del arzobispo y su antecesor, José Salazar López. Se trata de una averiguación sobre lavado de dinero, es decir sobre operaciones con recursos de carácter ilícito.
La indagatoria está en sus fases más preliminares, pero está en curso, según lo confirmó de modo oficial la PGR al día siguiente. Como no podía ser de otra manera, también al día siguiente el Episcopado, casualmente reunido en sesión ordinaria de su consejo permanente, expresó su pleno apoyo al Cardenal y su incomodidad con las actividades de la PGR.
El delicado episodio es la prolongación de una ya duradera disputa entre Sandoval Íñiguez y Carpizo, suscitada por la investigación del asesinato del antecesor del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ocurrida hizo diez años en mayo pasado. No es un duelo mano a mano, ni referido sólo a un acontecimiento del ayer. Puesto que una porción de la Conferencia Episcopal ha aceptado las conclusiones oficiales sobre aquel crimen (confusión de personas y fuego cruzado entre bandas de narcotraficantes) aquella contienda implica una notable división entre los prelados.
Supone también una colisión de intereses dentro del Partido Acción Nacional y ahora también en el Gobierno Federal. El diputado Guzmán Pérez-Peláez ha sido el brazo político del Cardenal Sandoval en su persistencia en pos de “la verdad” sobre la muerte de su antecesor. Era secretario de Gobierno en Jalisco en 1998 cuando se estableció una insólita comisión interinstitucional admitida por el procurador Jorge Madrazo para ventilar las permanentes impugnaciones del conservadurismo tapatío a las indagaciones oficiales. El jefe de Guzmán Pérez-Peláez en aquel entonces y antes beneficiario de su activismo, el ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, es ahora secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales y el lunes se dolió del “trato injusto” que recibe (no de otra fuente que de la PGR, cuyo titular es también miembro del gabinete presidencial) el Cardenal, a quien avaló como hombre probo, contrariamente a la hipótesis de que parte la averiguación sobre sus movimientos financieros. Por supuesto que cada persona, aun integrante de alto nivel del Gobierno tiene derecho a sus propias opiniones, incluidas las que versen sobre acciones gubernamentales. Pero el hecho es que Cárdenas Jiménez apareció más como miembro de una corriente de derecha dentro del PAN que como responsable de una cartera ministerial. En el lado opuesto dentro del panismo, cercanos a Carpizo y no al cardenal, figuran Diego Fernández de Cevallos y Antonio Lozano, que no han vacilado en mostrar su adhesión al ex procurador en este episodio. El abogado que en nombre de Carpizo presentó la denuncia por la cual se investiga a Sandoval pertenece al despacho de Lozano, que fue procurador como Carpizo.
Si se tratara de disensiones entre grupos eclesiásticos o partidarios, solamente, el asunto sería muy entretenido pero nada más. Pero se ha puesto en movimiento una delicada función estatal que puede concluir en el ejercicio de la acción penal contra un hombre de Iglesia, algo que no ha ocurrido en México desde la cristiada.
Pero no estarían, en este caso, implicados asuntos relativos a la libertad religiosa como entonces sino vínculos del hombre número dos de la Iglesia mexicana con delincuencia organizada, de los que se habría tenido conocimiento por el uso indebido de información quizá proveniente de indagaciones oficiales. Cualquiera de los dos extremos causará perjuicio la sociedad.