SALTILLO, Coah.- El Congreso del Estado analizará la posibilidad de exhortar al alcalde de Torreón, Guillermo Anaya Llamas, a “que deje a los concesionarios del servicio público de alquiler o taxis en libertad de comprar el taxímetro, que cumpla con la norma oficial mexicana que establece las especificaciones que dicho instrumento requiere”. Esto, en respuesta a una propuesta que hizo la fracción parlamentaria del PRI.
Cuando el legislador tricolor, Rubén Rentería Rodríguez, en nombre de su partido dio a conocer en la sesión de ayer a la Diputación Permanente, la propuesta que intervenga el Congreso en el caso del conflicto de los taxímetros, el diputado del PAN, José Luis Triana Sosa, con su oposición logró que no se aprobara de inmediato el punto de acuerdo, y que se mandara a “comisiones” para su estudio y posterior dictamen.
La propuesta del exhorto presentada por el PRI, fue firmada por los diputados torreonenses, Gabriel Calvillo Ceniceros, Miguel Mery Ayup, Salomón Juan Marcos Issa y Samuel Gonzáles Pérez, quienes por no ser miembros de la Diputación Permanente no estuvieron en la sesión de ayer. Por eso, el punto de acuerdo lo leyó Rentería Rodríguez.
El PRI consideró que el ayuntamiento de Torreón, encabezado por el PAN, “en fecha reciente acordó modificar el Reglamento del Transporte Municipal, a efecto de obligar a la instalación del taxímetro y ahora lo convirtieron en obligatorio para el servicio público concesionado de taxi”.
Rentería Rodríguez, expuso que la modificación del reglamento obliga a los taxistas a que paguen el taxímetro y a que se lo compren a las empresas ULTIMAX y NEOTAX.
Agregó que si bien el ayuntamiento esta en su derecho de concesionar el servicio público de transporte, eso no le autoriza a formar parte en los asuntos o negocios entre los particulares, ni aun con acuerdo de cabildo.
Según la postura del PRI, el alcalde Anaya Llamas interviene al obligar, prácticamente, a los taxistas a que compren el taxímetro a únicamente a una de estas dos empresas; o de lo contrario, mediante la fuerza pública retira a las unidades de circulación, que no se someten a esta disposición.
En respuesta, Triana Sosa, dijo que las afirmaciones del PRI son ligeras y sin fundamentos, por lo que rechazó tal postura y pidió que se desechara por completo.
Luego de un amplio periodo de discusión, se acordó no aprobar el punto de acuerdo, pero tampoco se rechazó, por lo que se decidió enviarlo a estudio de la Comisión de Obras Públicas y Transportes, del propio Congreso.