“La ambición es el último refugio del
fracaso”. Oscar Wilde
Como lo saben quienes leyeron mi columna de ayer, este pasado lunes 21 de julio visité Xel-Há, ese centro turístico de la riviera maya que ha ganado fama internacional por su belleza física y por su preservación del entorno ecológico. Ese mismo día un grupo de inspectores del municipio de Cozumel clausuró varios locales comerciales y el delfinario del parque. Varios reporteros locales que se encontraban ahí me pidieron mi opinión, pero yo señalé que no conocía realmente las razones por las que se había dado esa acción. Sólo señalé que con la clausura se estaba castigando a los turistas, que no habían hecho nada para merecer ese trato.
Mi artículo de ayer sobre Xel-Há no mencionó la clausura porque no tenía yo información que me permitiera interpretarla. Pero he podido ya obtener datos suficientes que revelan que el conflicto es ilustrativo de las dificultades que las empresas enfrentan para operar en nuestro país.
El municipio de Cozumel, encabezado por el priista Carlos Hernández Blanco, mandó a un grupo de inspectores a Xel-Há esa mañana del 21 de agosto para determinar si las distintas empresas que ahí operan tenían sus papeles en regla. Los inspectores cerraron nueve locales comerciales y el delfinario, el cual es operado por la compañía Vía Delphi. Las clausuras no significan que las empresas no hayan estado operando legalmente. Si los inspectores encontraban que los locales no tenían a la mano todos sus papeles, clausuraban de manera automática y conminaban a los dueños a presentarse en las oficinas municipales dentro de las siguientes 48 horas con todos sus documentos para demostrar que realmente estaban operando de manera legal.
Esta actitud de los inspectores, de clausurar primero y después averiguar si los negocios estaban en regla, me pareció realmente sospechosa. No es ésta la manera en que se trata a un centro turístico que atrae a miles de visitantes de todo el mundo cada día. La estrategia del municipio sólo adquirió sentido cuando se me dijo que las clausuras eran una simple estrategia para presionar a los concesionarios de Xel-Há a pagar una supuesta deuda de predial de 40 millones de pesos que se ha venido acumulando durante años. El presidente municipal de Cozumel, Hernández Blanco, lo confirmó cuando declaró este mismo lunes que el parque de Xel-Há está operando como un “paraíso fiscal”. Esta afirmación es casi una confesión de parte: los agentes del municipio clausuraron lo que pudieron, pero sólo como una forma de ejercer presión para resolver otro tema.
El problema es que la deuda predial, en caso de existir, no le corresponde a la empresa Promotora Xel-Há, la cual está encabezada por el empresario quintanarroense Francisco Córdoba, socio también de Xcaret, Garrafón y el parque ecológico del cañón del Sumidero. Promotora Xel-Há opera el parque ecológico, pero la dueña de la tierra es una institución del gobierno del estado de Quintana Roo llamada Fidecaribe. Según los contratos de operación del parque, no es la operadora sino la dueña del predio la que debe cubrir el impuesto predial. Si los gravámenes no se han cubierto, el gobierno del municipio debería cobrarle a Fidecaribe o a su dueño, el gobierno del estado. Pero esto es algo que, aparentemente, Hernández Blanco no se atreve a hacer. Es más fácil atacar a una empresa privada que pelearse con un gobernador (del mismo partido que uno).
Lo malo de este pleito es que ratifica la inclinación de nuestros gobiernos por matar a la gallina de los huevos de oro. Si bien las clausuras de algunos locales comerciales no han impedido el funcionamiento del parque de Xel-Há —y no lo harán si, como se afirma, todos los locales tienen sus documentos en regla— no hay duda de que la disputa pone en peligro a una institución que ha recuperado una importante zona ecológica de la riviera maya y que se ha convertido en un atractivo turístico de clase mundial.
Los contratos se firman para ser respetados. Si Fidecaribe y el gobierno del estado se comprometieron a pagar los impuestos prediales de Xel-Há, a través de los millonarios recursos que reciben a cambio de la concesión del parque, deben hacerlo sin chistar. El gobierno de Cozumel, mientras tanto, debe dejar de llevar a cabo acciones gangsteriles con las que amenaza a un negocio cuyo único pecado es haber tenido éxito y haber generado miles de empleos.
Desempleo
El gobierno de la República debe buscar una nueva manera de medir el desempleo. Pretender que tenemos una desocupación de sólo el 3.2 por ciento de la población activa es una burla a los desempleados y subempleados y pone en entredicho todas las estadísticas gubernamentales.
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