Tal como ocurrió cuando Ricardo Miguel Cavallo fue detenido en Cancún hace casi tres años, quienes esperan verlo condenado a largos años de prisión tendrán que pertrecharse de paciencia. No concluirá pronto, ni siquiera se iniciará próximamente el proceso en su contra. Cavallo aprovecha en su beneficio las garantías de un orden jurídico a cuya vigencia no podían aspirar sus víctimas de hace un cuarto de siglo. Y lo utiliza, en paradoja terrible, con los frutos que le ha rendido el abuso de los bienes de que se apoderó contra todo derecho: La defensa de un presunto criminal como Cavallo no ha sido barata en México y no lo será en España.
El episodio mexicano en la vida de Cavallo, que tuvo su haz y su envés, concluyó la mañana del sábado pasado, cuando fue depositado en un avión del gobierno español. Llegó hace cuatro años, como triunfante hombre de negocios, a participar en una licitación del gobierno mexicano frente a la cual tuvo una extraña suerte, para llamarla de algún modo. Pudiendo elegir entre una oficina pública o una empresa privada que organizara y administrara el registro nacional de vehículos, el presidente Zedillo escogió la segunda fórmula, y Blanco, su secretario de Comercio y Fomento Industrial maniobró para que la firma a que pertenecía Cavallo quedara con la concesión. El antiguo torturador se engolosinó con su prestigio recién adquirido y se expuso demasiado a los medios, en defensa de una fórmula que nació con mala estrella y fue al fin desechada.
Identificado por algunas de sus antiguas víctimas (no todas, porque no pocas murieron en las cárceles clandestinas), Cavallo fue detenido en México, cuando intentaba a huir al único lugar donde está a salvo de la ley justiciera, su propio país. Merced a varias acusaciones, que lo alcanzan a él y a algunos de sus cómplices, Cavallo estaba siendo reclamado por el juez Baltasar Garzón, ante quien finalmente compareció anteayer. El ex teniente de corbeta, provisto hoy de medios financieros con que no soñó mientras formaba parte de la Marina de su país, pudo pagarse una defensa que al menos le hizo ganar tiempo. Pero su destino estaba sellado: en febrero de 2001 el canciller Jorge G. Castañeda autorizó su extradición a España, conforme el pedido de Garzón, para que fuera procesado por los delitos de tortura, genocidio y terrorismo. Y el nueve de junio de este año la Suprema Corte de Justicia confirmó esa decisión, si bien en relación con sólo genocidio y terrorismo.
Si Garzón persiste en enjuiciarlo también por ese delito (algo que probablemente intente, dada la acumulada evidencia de que Cavallo la practicó en abundancia y con sevicia), tendría que litigarlo con el Estado mexicano. Nuestra Suprema Corte no exoneró a Cavallo de ese delito. No podía hacerlo porque no lo juzgó. Llanamente consideró que, habiendo prescrito la tortura conforme a la ley mexicana, no era dable extraditarlo para que fuera de aquí se le procesara por ese ilícito. Extremadamente formal, el tribunal mexicano ni siquiera se proclama autor de un hito jurídico e histórico, porque busca sentar plaza de seco intérprete de la ley. Así, la Corte podría verse en el deplorable estado de aparecer como defensora de Cavallo si Garzón le pide que reconsidere esa sentencia.
El célebre juez español deberá superar otros escollos. Para su fortuna, el aún flamante gobierno de Néstor Kirchner no ha dado señales de inconformidad por el hecho, insólito para el rígido derecho internacional de antaño, de que el nacional de un país sea extraditado por crímenes cometidos en su patria y sin conexión directa con el estado que pide y el que accede a la extradición. En otras circunstancias el país de origen ya hubiera alzado la voz y buscado proteger a su nacional en apuros. Pero Kirchner forma parte de una corriente social y política favorable a la revisión del pasado, que incluya el enjuiciamiento de protagonistas de la guerra sucia donde quiera que el proceso sea posible. Y puesto que hoy no lo es en la Argentina, por la legislación que dio inmunidad a matarifes y torturadores, es probable que la cancillería Argentina, como ha ocurrido hasta el día de hoy, no se manifieste contraria a que Cavallo expíe sus culpas.
Pero el ex marino esbozó ya una de sus nuevas líneas de defensa. Se abstuvo de declarar por su pertenencia a las fuerzas armadas y ha sugerido que espera instrucciones de sus antiguos jefes (o las procurará). Tal insinuación es, al mismo tiempo, un amago a los generales y almirantes a los que Cavallo puede involucrar cuando hable, y un pedido de solidaridad para que presionen al gobierno en reclamo de protección para quien puede ser condenado (no es metáfora) a miles de años de prisión (aunque pueda cumplir sólo unos cuantos).
Dentro de la propia Audiencia Nacional española Garzón se enfrentará, judicial y políticamente, a los fiscales opuestos a enjuiciar a extranjeros por delitos contra la humanidad, alegando ausencia de jurisdicción. Aunque ya en 1998 la sala penal de la Audiencia Española se consideró capaz de ejercerla y en tal tesitura estuvo a punto de sentar ante su banquillo de los acusados al ex dictador Pinochet, el domingo mismo un fiscal, en extraña coincidencia con la defensa de Cavallo, demandó su libertad. No la consiguió por lo pronto.
Pero todo ello indica que no será fácil ni será rápido el proceso a Cavallo, a quien no pocos imaginaron ya en tránsito cuando Castañeda firmó su extradición, hace ya 29 meses, que se cumplen mañana.