Esperamos que muy en breve, Ricardo Miguel Cavallo pase de su cautiverio mexicano al español, pues la Suprema Corte de Justicia, al negar los amparos con que intentó eludir a la justicia el represor argentino, abrió de par en par las puertas para que Cavallo sea extraditado.
Fue una decisión judicial lenta y complicada, por la variedad de las materias involucradas y la trascendencia del tema y sus protagonistas. Se conjeturaba si el máximo tribunal se ocuparía sólo de la constitucionalidad de los instrumentos internacionales, objetada por Cavallo, o se extendería al ámbito de la legalidad de las medidas que permiten su remisión a España. La Corte resolvió todos los aspectos y en cuanto sus sentencias sean notificadas, Cavallo podrá ser enviado a Madrid, donde lo espera el juez Baltasar Garzón, que por fin podrá sentarlo en el banquillo de los acusados.
Cavallo sirvió a la dictadura militar argentina entre 1976 y 1983. Torturó a innumerables presos en la Escuela de Mecánica de la Armada, uno de los templos de la represión en esos años. Y formó parte asimismo de los equipos de secuestro y asesinato que diezmaron a la población argentina y no sólo a quienes habían optado por la insurgencia y la resistencia armada. Depredadores también, no pocos miembros de las fuerzas armadas establecieron negocios a partir de los bienes usurpados a sus víctimas. Ese fue el caso de Cavallo, que con varios represores más se recicló como experto en sistemas de registro, aplicados a los parques vehiculares en su propio país y otros en América Latina.
Convertido en un respetable hombre de negocios, Cavallo llegó a México donde al cabo de una serie de actos equívocos, posibles por decisiones gubernamentales igualmente equívocas, resultó director de la empresa concesionaria del Registro Nacional de Vehículos. Dado el carácter polémico de la institución y su modo de operar, Cavallo abandonó la discreción en que se movía, se exhibió profusamente y dio lugar a que se averiguara si este dinámico empresario y aquel represor, recordado por muchas de sus víctimas, eran la misma persona.
Un equipo del Grupo Reforma, a partir de indicios procedentes de la comunidad argentina radicada en México y de la memoria colectiva en aquel país, consiguió información que comprobó la identidad del oscuro personaje. Cavallo, hombre de negocios hoy, era el represor de ayer. El reporte completo apareció con profusión en los diarios del Grupo el 24 de agosto del 2000. Esa misma mañana, el director de Infored y de Monitor, José Gutiérrez Vivó, localizó a Cavallo, que se hallaba en el aeropuerto de la ciudad de México. Lo entrevistó en vivo: al verse descubierto, Cavallo se aprestaba a volver a su patria, donde la ley lo protegía. Pero la justicia española lo había previamente reclamado y al ubicarlo merced al reportaje radiofónico, la oficina mexicana de Interpol esperó a Cavallo en Cancún, en la escala hacia Buenos Aires, lo detuvo y lo trajo a México, donde hasta la fecha se halla encarcelado.
El dos de febrero de 2001, previa opinión favorable de un juez federal, la cancillería ordenó su extradición a España. Cavallo, bien munido de recursos, inició entonces una batalla legal para impedir ser enviado a Madrid. Demandó amparo contra la decisión de Tlatelolco, que lo remitía por los delitos de genocidio, terrorismo y tortura. Consiguió ser protegido en relación con este último, pues el juez consideró que ese delito había prescrito, pero no respecto de los dos primeros. Tanto Cavallo como Relaciones Exteriores acudieron a la revisión, la segunda instancia en materia de amparo.
Cavallo puso en duda la validez del tratado de extradición suscrito en 1978 por los gobiernos de México y España, del protocolo que modificó ese tratado y de la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio. Como tribunal constitucional, la Corte debía determinar si esos instrumentos internacionales fueron suscritos por el gobierno mexicano conforme a la Constitución. Y acordó, además, resolver la revisión de los amparos demandados por el ex teniente de corbeta respecto de cada uno de los tres delitos por los que fue requerido en España.
Por unanimidad de sus once miembros, la Corte confirmó el amparo ganado por Cavallo en cuanto a la tortura. Pero por la misma unanimidad lo negó al represor argentino por considerar que el tratado y su protocolo y la Convención impugnada, son plenamente constitucionales. Con siete votos a favor, la Corte negó también el amparo relativo al genocidio y por diez votos contra uno, procedió en igual sentido respecto del terrorismo.
En cuanto se cumplan los trámites procesales, lo que ocurrirá en unos cuantos días, la Corte notificará sus sentencias a la cancillería, que deberá remitir a Cavallo a Madrid. No hay ya recurso legal que impida ese desenlace. En España, el juez Garzón no podrá enjuiciar a Cavallo por tortura pero sí en cambio por terrorismo y genocidio.
Por primera vez en la historia, decisiones de tribunales mexicanos permitirán que un represor argentino sea juzgado en España. Los lentos pasos mexicanos apenas dan lugar a los pasos españoles. Cavallo dista de haber sido condenado. Aquí, a diferencia de la arbitrariedad violenta que aplicó en su patria, se ha beneficiado de la legalidad, que demoró su extradición. Y en España puede obtener semejante provecho de la legalidad. Habrá que esperar, renovada la dosis de paciencia requerida para verlo juzgado. Pero hoy se sabe que se puede.