Dos partidos -el Verde Ecologista y el Revolucionario Institucional-, están chantajeando a la República. Estamos ante un enfrentamiento entre legalidad e impunidad de extraordinaria importancia. Es tanto lo que está en juego, que puede convertirse en un parteaguas del país que queremos.
La existencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ofende a una sociedad que quiere ser democrática. Ejemplifica la simulación porque aun cuando el partido ha monopolizado la causa del medio ambiente, no tiene en sus filas a, ni goza del respeto de, la comunidad ambientalista mexicana. Más grave todavía es que sus documentos internos sancionan prácticas profundamente antidemocráticas; la vida del organismo político ha dependido de la voluntad de sus dos presidentes. Después del padre nos llegó el hijo y entre ambos fundaron la primera -y esperemos que la última— Monarquía Verde del mundo.
Lo anterior era conocido por todos y hubo denuncias públicas y demandas judiciales que sirvieron de poco. Ni el Instituto Federal Electoral (IFE) ni otras instituciones corrigieron las aberraciones estatutarias incompatibles con los avances democráticos. El Verde fue creciendo y recibiendo miles de millones de pesos públicos y, merced a sus alianzas, se hizo de buenas porciones de poder. La impunidad y la corrupción quedaron democráticamente sancionadas hasta que el Tribunal Federal Electoral, Trife, reaccionó ante la queja de un militante y la semana pasada decidió que los estatutos del Verde Ecologista son anticonstitucionales.
En consecuencia deben rehacerse para, con las nuevas reglas, proceder a la renovación de la dirigencia. El Verde reaccionó con el cinismo habitual. Primero buscaron descalificar al Trife acusándolo de estar al servicio del PAN y del presidente Vicente Fox; luego anunciaron que pedirían un juicio político contra los integrantes del tribunal que condenó sus documentos básicos.
Con excepción del PRI, sus quejas y reclamos no han generado respaldo o simpatía; todavía no he visto algún editorial, comentario o columna de opinión respaldando la argumentación del Verde. Hay límites a las aberraciones que pueden justificarse. El caso del PRI tiene orígenes diferentes y similitudes con las tribulaciones del Verde. El Pemexgate se inició cuando el Ejecutivo documentó un desvío multimillonario de Petróleos Mexicanos que, después de pasar por el sindicato, terminó en las arcas del candidato del PRI a la Presidencia de la República.
Se responsabilizó a dos líderes del sindicato de Pemex: el ahora ex diputado Carlos Romero Deschamps y el todavía senador Ricardo Aldana. La Procuraduría General de la República pidió el desafuero de ambos, pero el caso languideció porque el PRI tuvo éxito en bloquear a la anterior legislatura. Entretanto, el IFE le aplicó al PRI una multa de mil millones de pesos por haber violado la legislación electoral.
Después de las elecciones del 6 de julio se inició un breve e intenso romance entre el Ejecutivo y el PRI. El primero de septiembre, día del Informe, el presidente Vicente Fox y la dirigente del PRI en la Cámara de Diputados, Elba Esther Gordillo, tejieron con palabras un encaje de promesas que coincidían en la voluntad de aprobar las reformas que el país requiere. Renació el entusiasmo entre las fuerzas vivas y las acciones se recuperaron. La luna de miel duró muy poco. Se agrió cuando el presidente de la Cámara de Diputados, el panista Juan de Dios Castro, convocó a una “sesión secreta” para decidir si procede el desafuero del senador Ricardo Aldana. El PRI reaccionó olvidándose de sus discursos sobre el bien común y el amor a México. Se impuso el espíritu de grupo y apareció brutal el chantaje: si desafueran a Aldana se cancelan las reformas estructurales prometidas.
El 17 de septiembre se realizará una sesión que, por la trascendencia que tiene, debería transmitirse en su integridad. De una u otra manera sabremos si funciona, una vez más, el chantaje. Por ahora son evidentes las diferencias en las reacciones provocadas por los retos del Verde y del PRI. El chantaje del Verde fue ignorado; el del PRI está provocando una ola de pronunciamientos.
Confieso mi sorpresa por la postura de analistas serios que critican la decisión de Juan de Dios Castro invocando, para ello, el pragmatismo. Su razonamiento es que debería haberse esperado a que se aprobaran las reformas para, después, proceder al desafuero del millonario sindicalista. Aunque habría razones para estar en desacuerdo, me concentro en una realidad: el hubiera no existe y ahora estamos ante un dilema que tiene de trasfondo a uno de los grandes problemas nacionales.
El Estado de Derecho es sistemáticamente violentado por la impunidad de quienes detentan el poder y que, cuando se sienten amenazados, recurren al chantaje. Generalmente les ha funcionado. En los casos del Verde y del PRI apareció, finalmente, un patrón diferente: las instituciones funcionan y hacen algo tan elemental como aplicar la ley. Juan de Dios Castro está aplicando la ley y qué bueno que tenga el respaldo de su partido y del Partido de la Revolución Democrática.
Resulta inaceptable que el PRI, el Verde y el Partido del Trabajo (PT) utilicen su poder para exigir trato preferencial para un dirigente sindical que violó la ley (de no ser así que lo demuestre ante los tribunales). Es igualmente ofensivo que ofrezcan la presidencia de comisiones legislativas para “convencer” a diputados de otros partidos. Las instituciones de la República no pueden ser indiferentes, o ceder, ante actitudes de este tipo. El asunto conduce a otros temas. Si instituciones como el Trife y el IFE están funcionando bien, es prioritario defenderlas. El IFE está en un momento especialmente vulnerable porque en las próximas semanas los partidos renovarán al presidente y a los integrantes del Consejo General.
Debemos exigir a los partidos que antepongan el interés general a sus filias y fobias. El futuro del Verde es igualmente relevante porque, de manera sorpresiva, puede oxigenar una parcela de la vida partidista. Por el férreo control de sus propietarios es un partido con una militancia muy débil. La modificación de sus estatutos abre la posibilidad de que se reforme ese partido siempre y cuando los ambientalistas serios se incorporan a esa organización y disputen la dirigencia a sus actuales dueños.
La buena nueva es que están funcionando adecuadamente instituciones vitales para una democracia que no está consolidada. Para que ello suceda la sociedad debe entender que la construcción de la democracia es una tarea interminable que pone en tensión permanente a los principios y el pragmatismo, a la legalidad y la impunidad. Va en el interés nacional que prevalezca el Estado de Derecho y se aplique la ley a todos por igual, independientemente del poder que tengan. Por ello es que la República no puede tolerar el chantaje de que está siendo víctima.
La miscelánea
Por una combinación de factores imposibles de anticipar, se le complica la reelección a George W. Bush. El presidente de Estados Unidos acaba de reconocer lo difícil de la situación en Iraq y busca la ayuda de otros países. Me pregunto si Alemania, Francia y Rusia utilizarán la coyuntura para dosificar el respaldo que terminarán dando a la solicitud de Bush, un presidente que los ha tratado con enorme arrogancia.
En política, el tiempo es una variable estratégica y el reloj está en contra. No será la primera vez que las decisiones de otros países determinen el resultado de una elección (México ya influyó en una elección estadounidense en los años setenta). Comentarios: Fax 56 83 93 75; e-mail: sergioaguayo@infosel.net.mx