Caracas (EFE).- Gobierno y oposición venezolanos firman hoy una declaración contra la violencia política y social, el primer acuerdo que alcanzan en las negociaciones que iniciaron hace más de tres meses en busca de una salida electoral al conflicto nacional.
La "Declaración contra la violencia, por la paz y la democracia" ha sido calificada por ambas partes como un paso previo imprescindible a la negociación sobre una salida electoral.
A las 16.00 hora local (20.00 GMT) el Gobierno y la oposición firmarán la declaración, presentada por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, a la "mesa de negociación y acuerdos".
La labor "facilitadora" de Gaviria es apoyada por el Centro Carter (CC), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y el Grupo de Países Amigos de Venezuela, integrado por Brasil, Chile, EEUU, México, España y Portugal.
Los representantes del Gobierno del presidente venezolano, Hugo Chávez, y de la alianza opositora Coordinadora Democrática, habían intentado en al menos dos ocasiones suscribir el documento condenatorio de la violencia.
El conflicto venezolano está marcado por una creciente conflictividad social, que ha dejado al menos ocho muertos y centenares de heridos en los últimos cinco meses.
Los términos de la declaración se conocerán hoy, luego de que el borrador de ocho puntos presentado por Gaviria a las partes fuera pulido por los asesores legales del Gobierno, Omar Mezza, y de la oposición, Juan Raffali.
Alejandro Armas, diputado y representante opositor en la mesa, dijo a EFE que el documento es una "invitación genérica a todos los actores políticos y sociales a que se hagan partícipes del llamado al repudio de la violencia".
El punto que centró los mayores desacuerdos y generó largos debates fue el referido al papel de los medios de comunicación en el conflicto que vive Venezuela.
El papel de los medios privados en la crisis es muy cuestionado por el Gobierno de Chávez, que los acusa de actuar como factores de la oposición y de "mentir" a la población.
Las principales televisiones privadas admitieron en diciembre pasado que se vieron "obligadas" a inmiscuirse en el conflicto político para "defenderse de los ataques" del Gobierno, al que acusan de intentar acabar con las libertades de expresión e información.
La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, dominada por afectos al Gobierno, también se ocupa estos días de las responsabilidades de los medios, y aprobó la semana pasada, en primera discusión, la nueva Ley de Responsabilidad Social de la Radio y la Televisión, también conocida como "Ley de Contenidos".
La legislación es calificada por la oposición como una "ley mordaza", mientras el Gobierno la defiende como un mecanismo para "enfrentar el terrorismo mediático que fomenta la desinformación".
Los debates sobre la declaración contra la violencia y la definición de la postura del Gobierno frente al contenido de la enmienda constitucional presentada por la Coordinadora como vía para solucionar el conflicto venezolano congelaron el pasado día 11 la discusión sobre la salida electoral.
La "enmienda constitucional" y el "referendo revocatorio del 19 de agosto" fueron presentados a la mesa de negociación el pasado 22 de enero por el ex presidente de EEUU Jimmy Carter como opciones para solucionar la crisis.
El Gobierno escogió el referendo revocatorio, cuya celebración es constitucionalmente posible a partir de la mitad del mandato presidencial, que en el caso de Chávez se cumplirá el próximo 19 de agosto.