“La única manera de conservar un secreto consiste en mantener en secreto el hecho de que es un secreto”. Sir Henry Taylor
Hace algunos días la Suprema Corte de Justicia rechazó la ponencia del ministro Juventino Castro y Castro para sobreseer por extemporánea una controversia constitucional del Ejecutivo en contra de la Auditoría Superior de la Federación, la cual había ordenado al IPAB descontar una parte de los pagarés de cuatro bancos que supuestamente tenían irregularidades.
El asunto era ciertamente complejo, por lo que busqué sustentar un artículo en algo más sólido que los simples comunicados de prensa de la Corte, los cuales no explicaban casi nada, o en las posiciones necesariamente interesadas de las partes. Mis intentos por obtener acceso a los documentos del caso, sin embargo, resultaron infructuosos. La justicia en México no sólo pretende ser ciega, sino que se niega a que nadie más pueda ver los asuntos que se encuentran frente a ella.
La controversia sobre los pagarés del Fobaproa y el IPAB no es el único caso ante la justicia de nuestro país que se encuentra fuera de límites no solamente para un periodista sino también para la sociedad que paga con sus impuestos el funcionamiento del sistema de impartición de justicia.
Nuestro país alcanzó un gran avance el año pasado con la promulgación de la Ley de Acceso a la Información. Tanto es así que el presidente Vicente Fox, que en un principio se oponía a esta ley y afirmaba que era una simple obsesión de algunos editores de periódicos, hoy la presume como uno de los grandes logros de su sexenio de gobierno. Y en verdad, en un sexenio escaso de reformas, la Ley de Acceso a la Información puede ser la más importante que se ha logrado hasta ahora. Pero esta reforma no alcanzó a una de las partes del Estado en que la transparencia es más necesaria: al Poder Judicial.
El principio tradicional de apertura en el sistema judicial, el que se aplica en todos los países del mundo, es que las averiguaciones son privadas pero los juicios públicos. En México, sin embargo, los juicios siguen siendo el vedado territorio al que sólo los jueces y las partes tienen acceso. Con esta práctica se niega el derecho a la sociedad a saber lo que ocurre en el sistema de justicia. Y el resultado es una desconfianza enorme de los mexicanos ante la justicia en nuestro país.
Antes se mantenía el principio de que los ciudadanos sólo podíamos tener acceso a la información de nuestros tribunales cuando la sentencia causara ejecutoria. Ahora el rechazo al acceso a la información se ha vuelto peor, ya que una decisión de la judicatura federal ha señalado que los documentos de los juicios no pueden hacerse públicos sino hasta 15 años después de terminados.
De poco sirve que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Azuela Güitrón, trate de defender en discursos públicos la honestidad de la Corte frente al populismo de Andrés Manuel López Obrador. Mientras a los ciudadanos se nos niegue el acceso a la información del juicio por la expropiación del paraje de San Juan, no tenemos forma de saber si realmente los jueces se comportaron de manera adecuada o si se prestaron a la realización de un fraude monumental.
De poco nos sirve que se nos diga que los jueces han actuado de manera correcta en otro sonado caso, el que Fertinal ha presentado ante los tribunales penales en contra de la aseguradora ING Comercial América, mientras se niegue a quienes queremos conocer los argumentos presentados en el juicio el acceso a toda la documentación.
En otros países del mundo el libre acceso a la información en el sistema de justicia es considerado esencial. La sociedad no puede obligar a los jueces a una cabal rendición de cuentas si de manera sistemática se le niega la información de los juicios que ella misma paga. Este silencio obligado cobija irregularidades y genera la desconfianza que tanto daño le hace al sistema de justicia.
Ha llegado ya el momento para promulgar una ley de acceso a la información para el sistema de justicia. Esta legislación debe garantizar que, aunque las averiguaciones sean privadas, los juicios sean realmente públicos. Sólo así lograremos tener un sistema de justicia honesto y que goce de credibilidad.
Victoria del PRD
El PRD ya logró su primera victoria en el camino a las elecciones presidenciales del 2006. Al negarse a un acuerdo para la integración por consenso del Consejo General del IFE, podrá competir en los próximos comicios con una ventaja fundamental. Si Andrés Manuel López Obrador gana las elecciones, podrá decir que lo hizo a pesar de ir en contra de un IFE dominado por el PRI y el PAN. Y si las pierde, siempre le podrá echar la culpa al Consejo General del IFE.
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