Encomiable que el Gobierno Federal lance un programa integral para enfrentar la tragedia de las muertas de Juárez. Pero... ¿tendrá éxito? En caso contrario... ¿cuáles serán las consecuencias? Para responder hay que desmenuzar el drama en sus componentes.
Según organismos civiles cercanos al tema 320 mujeres jóvenes -algunas en la adolescencia— fueron asesinadas o desaparecieron de 1993 a la fecha. De ellas, 96 fueron violadas, torturadas y/o mutiladas antes, durante, o después de su muerte. Tenían en común su pobreza, su esbeltez y su cabello largo. Una cantidad tan elevada significa que estamos ante el peor caso de asesinatos seriales o múltiples de la historia. No hay, sin embargo, acuerdo sobre estas cifras; de hecho, las opiniones se polarizan en todo lo que rodea estos crímenes. Una opinión contraria es la de las autoridades locales, y una parte de la sociedad juarense, que durante una década han hecho lo posible por minimizar el asunto.
Es notable que, independientemente de su partido, los gobiernos estatales han actuado con la misma lógica. Es como si en Juárez no hubiera empezado la alternancia, tal vez porque los aparatos de seguridad siguen siendo, en esencia, los mismos. En consecuencia, la autoridad cuestiona las estadísticas que se difunden y durante algunos años responsabilizó públicamente a las mujeres de provocar a los delincuentes con sus minifaldas y relajadas costumbres y buscó a los responsables entre los extranjeros porque sólo ellos, los diversos, pueden ser asesinos seriales.
Hay actitudes que no han cambiado. Como en el resto del país, su primer impulso es trasladar a los familiares de las muertas o desaparecidas la principal responsabilidad de investigar su paradero. También hay constancia -y los testimonios existen— de que familiares de las víctimas fueron hostigados y conminados a guardar silencio o a dejar la ciudad (lo que un buen número ha hecho). En la medida en la que el escándalo creció y atrajo la atención internacional, el razonamiento oficial (y de quienes piensan como los gobernantes) se orientó a descalificar a quienes criticaban su trabajo, lenguaje e insensibilidad.
Gradualmente, la ira oficial se ha enfilado hacia los organismos civiles de derechos humanos a los que actualmente acusan de responder a oscuros intereses y de “lucrar” con el dolor ajeno al obtener financiamientos del exterior que les sirve para difundir una “leyenda negra” que afecta la imagen de Juárez y el flujo de inversiones a esa ciudad. El gobierno ha tenido éxito en dividir y arrinconar a los organismos civiles locales -apoyándose, por cierto, en la disciplina impuesta a la mayoría de los medios de comunicación locales.
Sin embargo, perdió el control de lo que se piensa y dice fuera del estado y de México en donde se suceden los libros, los reportajes y los informes que contradicen la historia oficial. Esta visión crítica no viene de una conspiración sino de la macabra constatación de la incompetencia gubernamental: siguen desapareciendo jóvenes y algunas de ellas aparecen despedazadas tiempo después. Es paradójico que en la ciudad donde en los ochenta se inició la alternancia, ésta haya recibido un golpe durísimo al confirmarse que en ciertos aspectos no hay mucha diferencia entre el PAN y el PRI.
Ante la falta de resultados y de explicaciones convincentes, han proliferado las explicaciones sobre las causas de tanta violencia. Se habla de ritos satánicos o de sacrificios para iniciarse en alguna sociedad secreta, de tráfico de órganos, de venganzas entre narcotraficantes, de entretenimiento para narcojuniors, del enojo de machos resentidos por la supuesta liberación que adquirieron en la maquila algunas de las jóvenes, de elaboración de macabros videos que registran el asesinato de una persona para el solaz de ricos con hastío vital, o de simples imitadores.
A lo mejor estamos ante una mezcla de todo lo anterior. Una estancia en Juárez para informarse sobre lo que pasa deja la sensación de que independientemente de cuál sea la verdad, las mujeres de Juárez fueron sacrificadas por un ente multiforme, perverso y organizado que actúa con una arrogancia y desparpajo del tamaño de la impunidad que se respira en Juárez. La certidumbre de que esta entidad existe, se fortalece cuando uno sabe de las amenazas que han recibido quienes han intentado aproximarse a la verdad.
En este contexto, y con estos antecedentes, hay que ubicar la intervención del Gobierno Federal anunciada hace dos semanas por el secretario de Gobernación Santiago Creel. Se trata de un programa sensato que por ahora consiste en las 40 acciones que, en todos los órdenes, implementa actualmente el gobierno central. Reconociendo lo acertado de la iniciativa, es imposible callar ante la tardanza y el silencio; todavía no sale un mensaje de fondo del presidente Vicente Fox sobre este asunto.
Una de las características de este gobierno es la dispersión; cada quién va por su lado y a su propio ritmo. Según me comentan funcionarios cercanos a este proceso fue excepcionalmente difícil lograr un consenso entre las diferentes dependencias sobre la dimensión del problema y la forma de enfrentarlo. Qué bueno que lo lograron. En materia de seguridad lo más notable y extraordinario es que la Policía Federal Preventiva tendrá el mando sobre las policías del estado y el municipio lo que, de funcionar, reducirá los márgenes de inseguridad. Fuera de ello, lo más encomiable es que, finalmente, hay la determinación de coordinar a las diversas dependencias federales. Corresponderá a Ricardo Sepúlveda, responsable de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de Gobernación, transformar la buena intención en una realidad que todos esperamos.
El enigma mayor está en la reacción que tendrá el gobierno del estado y del municipio que son los grandes ausentes del programa. En Chihuahua son evidentes las suspicacias y resistencias locales frente a los odiados “chilangos” que llegan a imponer políticas sobre una realidad que desconocen. Por la tradición centralista se entiende el resentimiento pero a medida que se afianza el federalismo aparecen sus distorsiones y Chihuahua sería un ejemplo de feudo de autoritarismo, incompetencia e intereses partidistas incapaces de responder a una propuesta sensata del Gobierno Federal.
Con todo y lo tímido y tardío del programa anunciado por Creel, es infinitamente mejor que la evasión y el silencio que provocó condenas tan consistentes como la de Germán Dehesa, entre otros. Era imperdonable lo que dejaba de hacerse y las muertas de Juárez se convirtieron en un símbolo de una ingobernabilidad que se expande porque el gobierno es incapaz de dar seguridad a la ciudadanía. Es, además, la cruda expresión del menosprecio hacia los pobres que va ampliando la grieta entre gobernantes y gobernados. Si esto ha sucedido en un caso extremo y muy publicitado, es sensato preguntarse qué pasa con las víctimas anónimas de otras partes del país. Es igualmente inevitable concluir que, si no se atiende la creciente descomposición social, Juárez es un espejo de nuestro futuro. Así empezó Colombia.
La miscelánea
Los interesados en más información sobre esta tragedia pueden consultar el libro de Sergio González Rodríguez, Huesos en el desierto (Editorial Anagrama, 2002). Con otro enfoque estaría la investigación de Marta Altolaguirre, Relatora Especial para los Derechos de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Situación de los derechos humanos de la mujer en Ciudad Juárez México, Washington, OEA, 2003.
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