Si es verdad que la intromisión telefónica ilegal practicada por la autoridad, ha sido abandonada conforme a promesas formuladas por el antiguo consejero de Seguridad Nacional, Adolfo Aguilar Zinser; y por el secretario de Gobernación Santiago Creel, esa ilícita actividad se ha privatizado. Operaciones realizadas por particulares, probablemente antiguos policías, habrían sido las que captaron conversaciones sostenidas por Elba Esther Gordillo con diversos interlocutores, a lo largo de muchos meses, cuya trascripción constituye la materia prima principal del panfleto destinado a desenmascarar a la dirigenta real del sindicato de maestros.
El 17 y el 18 de enero del año pasado fueron sorprendidos unos fisgones que intervenían líneas telefónicas en domicilios de Bosques de las Lomas y Polanco, colonias donde se hallan algunas de las varias propiedades de la secretaria general del PRI. Alguno de ellos deslizó, quizá a manera de santo y seña para que se le permitiera seguir trabajando, que lo hacía para el despacho de Miguel Nazar. Pero la mención desapareció inmediatamente de las indagaciones sobre su delito, casi tan rápidamente como se evaporaron los señalamientos contra los fisgones.
El ataque a Gordillo, muy relevante de por sí, como muestra del movimiento en las cloacas de la política, es ocasión para que el gobierno actué contra las intervenciones telefónicas. Las únicas legales son las que puede practicar la Procuraduría General de la República en casos de delincuencia organizada y previa autorización judicial. Acaso otros órganos gubernamentales (el Cisen, ciertas oficinas militares) las realicen por necesidades políticas inexcusables, pero en ese caso debe haber certidumbre institucional sobre el recto manejo de las informaciones que obtengan. Apenas en octubre del 2000, sólo unas semanas antes de que se iniciara el gobierno de Fox, tuvimos evidencia de que órganos gubernamentales practicaban la interferencia telefónica. Por ese mecanismo ilegal se tuvo noticia de la probable participación del ex presidente Salinas en el enriquecimiento de que su hermano mayor está acusado. Es de suponerse que se desmantelaron las instalaciones que hicieron posible esa escucha, y miles semejantes.
Debe quedar garantía pública de que así fue y de que el gobierno ya no espía a sus ciudadanos, o de que hay suficientes controles para evitar que la actividad lícita no se trueca en su contrario en provecho de torcidos intereses particulares. Igualmente debe servir esta coyuntura para batir a quienes practiquen el fisgoneo desde oscuras oficinas privadas, que se dedican presuntamente a servicios de seguridad (entendidos como vigilancia armada) Amén de la averiguación iniciada en las fechas que cito, del año pasado, otros casos en que alguien se entrometió en oficinas públicas (de los gobiernos del DF, Michoacán, Oaxaca, México) han de haber brindado indicios sobre esta sucia actividad. Haberlos dejado sueltos, no haberlos integrado conduce a la impunidad, que es a su vez la fuente de nuevas y más osadas conductas, como las que produjeron el seguimiento telefónico a la lideresa magisterial.
La publicación de esas llamadas, junto con otros materiales que la denuestan, tiene tufo policiaco, dijo la afectada. La edición de libelos infamatorios fue, en efecto, una práctica usada por el autoritarismo priista para combatir a sus adversarios, considerados como enemigos. El móndrigo fue un caso ejemplar: era el apócrifo diario de un miembro del Consejo nacional de huelga de 1968, destinado a incriminar política y aun judicialmente a quienes el Gobierno tenía en la mira. Proliferaron libelos semejantes en la turbia época de Echeverría: aparte uno atribuido a un presunto halcón, otros pretendieron vejar a don Daniel Cosío Villegas y a don Julio Scherer y, en general, preparar el ambiente de linchamiento que culminó con el golpe que arrebató a Excélsior su papel, el más eminente en la prensa diaria de la ciudad de México.
Más recientemente, una edición espuria fue utilizada para golpear a Manuel Camacho, tras su rompimiento con Salinas y Zedillo. Bajo el título Yo Manuel. Memorias ¿apócrifas? de un comisionado, ese libelo infamante apareció bajo un sello editorial establecido, Rayuela editores, que hizo identificable sin lugar a dudas el propósito de la publicación y su patrocinador, el salinismo rampante.
Ahora el blanco de esa forma de agresión política es la número dos del partido con mayor representación en el Congreso, y la número uno de su bancada en San Lázaro. Ese es el nivel de la política en la cúpula priista. Porque en esa región debe hallarse el origen de las intercepciones telefónicas y esta publicación. Otros adversarios de la dirigente chiapaneca lo son a cara abierta. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no oculta su antagonismo a la diputada zaherida. La combate en diversos terrenos, incluido el fallido intento de hacerla procesar por homicidios que le atribuye sin embozo. En los medios de comunicación, asimismo, se exhibe con toda franqueza el boato de la antigua maestra de banquillo y sus dotes de manipulación política.
No dan la cara, en cambio, quienes promueven la publicación de anónimos sobre la conducta y el patrimonio de Gordillo. Un Punto Crítico del Magisterio (que publicó una denuncia sobre sus riquezas, en febrero del 2002) y la asociación Ignacio M. Altamirano, responsable del panfleto actual, son sólo mamparas. No demasiado eficaces, por lo demás.