“La fuerza de nuestra unidad es la riqueza de nuestra diversidad”.
Guillermo Bonfil Batalla
En la revista Proceso de esta semana se publica un artículo que en la portada se presenta con el título “Reyes Tamez: secretario de medio tiempo”. Según este artículo, el secretario de Educación Pública se ha convertido en un “viajero frecuente” que utiliza el presupuesto federal para pagarse viajes personales a su natal Monterrey.
El propio secretario me ha dicho que las cifras que maneja la revista son incorrectas y que le hará a los editores una aclaración. La verdad, sin embargo, es que lo importante en este caso no es saber si algún funcionario ha realizado o no algún viaje personal con cargo al presupuesto. La pregunta de fondo, la realmente trascendente, es si los mexicanos queremos mantener una política que en términos prácticos hace que los cargos públicos federales de más alto nivel queden fundamentalmente reservados para los chilangos.
Este tema de debate ya había surgido hace algunos años en torno a un consejero del Instituto Federal Electoral (IFE), el también regiomontano Jesús Cantú, quien consideraba que tenía derecho a realizar viajes a Monterrey, su ciudad de residencia familiar, con cargo al presupuesto. Cantú, de hecho, llevó a cabo varios de estos viajes sin ningún intento de ocultarlo. Tras una denuncia periodística, el IFE tomó la decisión de que la práctica era incorrecta por lo que no sólo se le impidió al consejero seguir cargando los viajes al presupuesto sino que lo obligó a devolver el dinero ya utilizado para tal propósito.
Sin embargo, mantener la prohibición al uso de recursos públicos para sufragar gastos de viaje de funcionarios a su lugar de residencia familiar cuando ésta se encuentra fuera de la ciudad de México sólo puede servir para aumentar la centralización de poder que ya padece nuestra República. La política que se encuentra vigente —y que me imagino se viola con frecuencia, pero de manera subrepticia— significa en términos prácticos que sólo se permite trabajar en el Gobierno Federal a los residentes de la ciudad de México o a aquellas personas que estén dispuestas a mudarse a la capital federal.
¿Es ésta realmente la estrategia de reclutamiento de altos mandos que queremos tener en un Estado que se pretende federal? ¿Queremos de verdad reservar los altos cargos del Gobierno Federal para los chilangos? A mí me parece que esto es injusto. Y si bien esta inconfesada política beneficia de manera automática a los capitalinos en el reparto de cargos del Gobierno Federal y yo vivo en la ciudad de México, estoy convencido de que por dignidad y por equidad incluso los chilangos debemos exigir su inmediata derogación.
En el Congreso ha quedado claro desde siempre la importancia de permitir que los legisladores mantengan su residencia en el distrito o estado que representan. Por eso se les cubre el costo de los viajes. El problema real para la salud de la República, de hecho, ha sido el número de legisladores que pretenden ser residentes de los estados pero que en realidad son más chilangos que el Ángel de la Independencia. El argumento que usó Jesús Cantú en su momento era y sigue siendo razonable: debe aplicarse a los consejeros del IFE el mismo criterio que se usa para los legisladores. Sólo que hay que ampliar el razonamiento a los funcionarios públicos de cierto nivel. A nadie le beneficia que el IFE o el Gobierno Federal se conviertan —como ha ocurrido — en clubes de chilangos.
En otros países de régimen federal es común que se cubran los gastos razonables de traslado de funcionarios públicos a sus lugares de residencia. Con esto se garantiza la capacidad del Estado de atraer a su servicio a personas de buen nivel de las distintas regiones del país y se ayuda a la preservación del federalismo. Muchas empresas privadas, de hecho, mantienen una práctica similar: consideran razonable cubrir el costo del traslado frecuente de sus altos funcionarios a sus lugares de residencia familiar, si esto les permite reclutar a mejores ejecutivos y tener una mayor representación regional en sus equipos de decisión.
Esa misma posición debe adoptarse en el Gobierno Federal mexicano, por lo menos a nivel de secretarios de Estado y de directores generales de instituciones autónomas y empresas paraestatales. No podemos tener una República federal que reserve los más altos niveles de la administración a los habitantes de una sola ciudad.
Argentina
La moratoria duró solamente un día. El anuncio de Argentina el 10 de septiembre de que no estaba pagando tres mil millones de dólares que le debía al FMI generó júbilo entre grupos populistas que ansiaban un conflicto. Ayer, sin embargo, Argentina pagó el monto que debía.
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