A juzgar por los titulares de los periódicos, repentinamente parece que el país se ha dividido en dos bandos: los tramposos y los llorones. Los que han cometido una falta y los que se echan a cuestas la tarea de hacérselo saber al mundo.
La lucha por el poder suele ofrecer un buen “close up” de los bajos fondos de la naturaleza humana. Las temporadas de comicios electorales no son los mejores momentos para que afloren las virtudes de las personas o, más precisamente, de las personas que integran esa subespecie denominada “clase política”. Por el contrario, en la disputa por el poder asoma lo peor del debate público y desaparece todo vestigio de lo que es “políticamente correcto”. Este verano no ha sido la excepción. Una decena de partidos y miles de candidatos están empeñados en destazarse ante nuestros ojos, con tal de quedarse con una de las 500 curules que están en disputa, alguna presidencia municipal o una delegación del Distrito Federal.
A donde volteamos nos encontramos con una acusación sumaria. Noticieros y páginas de periódicos están abarrotados de las discursos indignados de políticos que se quejan de las infamias de su contrincante. Los abogados de los partidos políticos no se dan abasto para preparar un expediente tras otro.
El pudor y la caballerosidad han desparecido en el fuego cruzado de denuncias y contradenuncias. El viernes pasado, Humberto Roque Villanueva, del PRI, no tuvo empacho en decir que la procedencia del dinero que llegó a la campaña de Fox a través de las cuentas de Korrodi, podían convertirse “en el escándalo del siglo” (muy aburrido sería este siglo si esa noticia habrá de convertirse en el mayor escándalo de los próximos 97 años).
Desde luego, las denuncias son importantes. Aún existen muchas irregularidades en materia electoral. La mayor parte de ellas tiene que ver con el uso arbitrario que hacen las autoridades para favorecer a su partido mediante la desviación de recursos públicos. Muchos gobernadores están convencidos de que el partido en el poder está obligado a apoyar a sus candidatos. “¿Para qué sirve ganar si después no hay manera de mostrar nuestro apoyo a mis candidatos?”.
Tomará algún tiempo y mucho esfuerzo erradicar estas actitudes que, dicho sea de paso, no son privativas del partido tricolor. Las entidades con mayor número de denuncias son el Distrito Federal, el Estado de México, Jalisco y Chiapas. La primera entidad está gobernada por el PRD, la segunda por el PRI, la tercera por el PAN y la última por una coalición. Es decir, en todas partes se cuecen habas.
También es cierto que la única manera en que alguna vez lograremos comicios verdaderamente limpios será acentuando el rigor de las normas y los castigos para erradicar la impunidad. Por eso es que el IFE ha hecho lo posible para facilitar la detección de faltas y propiciar el castigo de los responsables.
Entre otras cosas ha propiciado que todo ciudadano se convierta en un fiscal potencial para limpiar los procedimientos electorales. La comunidad en su conjunto es el ámbito vigilante para algún día lograr comicios impecables. Es un esfuerzo loable, pero que está en proceso de quedar distorsionado por la mala fe de los partidos.
Es tal el encarnizamiento de esta guerra por el voto, que las denuncias por delitos electorales se han convertido en buena parte de las municiones de campaña. A falta de propuestas y programas, los actores involucrados en la competencia han hecho de estas denuncias una parte central de su discurso. Lo que debería ser un trámite legal para ser deslindado en tribunales, es ahora un argumento ante micrófonos para demostrar la perfidia del contrincante.
El efecto puede ser más que deplorable para la participación ciudadana. Se supone que la afluencia de votantes está en razón directa de la credibilidad en la limpieza de los comicios. Es decir, “no tiene caso votar si me van a robar el voto”. De ahí la importancia de las denuncias para limpiar los procesos electorales. Pero la manera distorsionada en que se han canalizado estas denuncias podrían tener efectos contraproducentes.
Por desgracia no son los ciudadanos los que están denunciando las irregularidades en las campañas (que las hay), sino los institutos políticos o los militantes (instigados) por los partidos, con propósitos propagandísticos (dañar la imagen de sus rivales). Eso no quiere decir que las denuncias sean falsas. En muchas ocasiones hay un verdadero delito en la base de una denuncia, pero los tiempos y la manera en que se presenta persiguen otros fines electoreros.
Algo habría qué hacer para impedir que este recurso de denuncia ciudadana sea despojado de su propósito original. Sí, deseamos comicios limpios. Pero no queremos una clase política dividida entre los que son tramposos o son llorones (o ambos). Una campaña plagada de acusaciones mutuas es la mejor manera de lograr urnas vacías. El candidato que hace de la denuncia el centro de su discurso quizá está quitando un voto a su contrario, pero seguramente no lo está ganando para sí mismo. Los insultos, las querellas y las denuncias no construyen una propuesta, ni edifican una alternativa. Sólo conducen al empobrecimiento político y al abstencionismo.
(jzepeda52@aol.com)