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MEXICO, D.F.- Francisco Barrio Terrazas, titular de la Secretaria de la Controlaría y Desarrollo Administrativo (Secodam), compareció ya ante el Ministerio Público de la Procuraduría General de la República (PGR), por una investigación iniciada en su contra por presunto fraude.
Se le acusa de apropiarse de dos mil 712 hectáreas en una zona comercial de Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando fungía como gobernador de la entidad.
Desde el 13 de febrero pasado la PGR inició las pesquisas, y en días pasados compareció el contralor, quien negó que hubieran existido irregularidades sobre la posesión del predio en el que actualmente se ubica el Complejo Industrial Salvarcar y parte del Fraccionamiento Misión de los Lagos.
También ya comparecieron ante el Ministerio Público el actual subsecretario de Secodam, Eduardo Romero Ramos y Hugo Gutiérrez Dávila, ex secretario de gobierno de Chihuahua y actual secretario ejecutivo de la Comisión Intersecretarial para la transparencia y combate a la corrupción, quienes presuntamente participaron en el fraude.
Gutiérrez Dávila, en entrevista confirmó que los tres funcionarios han comparecido y negó los cargos que se le imputan.
Mostró como evidencia un acuerdo suscrito el 15 de diciembre de 1997, en el que la denunciante y entonces propietaria de las más de dos mil hectáreas María Blanca Franco Carrascoso, cedía la totalidad del terreno, valuado en cuatro mil millones de dólares, al gobierno del estado de Chihuahua; el documento se entregó ya al MP.
“Fue legal la operación, a través de sus apoderados, que presentaron un poder notarial mediante el cual se concretó la cesión, por eso ahora nos extrañan sus acusaciones”.
En dicho documento, se establece que había personas que en el mismo terreno tenían títulos de propiedad que databan de hace 15 años, por lo que para solucionar el conflicto, Franco Carrascoso cedió el terreno.
No obstante, de acuerdo con el expediente 686/2002, Jorge Reyes Peralta, abogado de la denunciante, dijo que su cliente sólo firmó un poder notarial en 1997 ante el Consulado Mexicano, para ceder exclusivamente 26 de las hectáreas que heredó de sus padres.
Por ello, afirma que el gobierno de Barrio Terrazas utilizó indebidamente el poder conferido por la dueña a Gabriela Terrazas Barrón y Jaime Antonio Vargas Rodríguez, quienes estaban en la nómina gubernamental, para apropiarse de la totalidad del predio.
Según el abogado, una de las evidencias de las irregularidades de la operación, es que Federico Terrazas, hermano finado del contralor, se ostentaba como propietario de 40% de los terrenos en disputa.