El lunes 29 hablamos aquí de la complicada situación de Miguel Hidalgo, la suerte de cuyo gobierno delegacional se ventilaba en los tribunales. Tras la sentencia del Trife, que permitió a Fernando Aboitiz, el triunfador candidato panista, tomar posesión de su cargo ayer, la situación pasó de complicada a complicadísima: y es que el nuevo gobernante podría ir a la cárcel o al menos ser procesado. Con su sentencia, adoptada con voto muy dividido, de cuatro a tres, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación generó una grave ambigüedad, ya que puso en el gobierno a un presunto delincuente y legitimó una aberración electoral: el sobregasto en campañas deja de ser dañino si lo practica más de un contendiente.
El Instituto Electoral del Distrito Federal estableció que los dos candidatos con mayor votación en los comicios del 6 de julio, Aboitiz y Agustín Barrios Gómez, aplicaron a su campaña cientos de miles de pesos más de los permitidos por la propia autoridad. Al dictaminar la situación del primero, el IEDF dispuso preparar la sanción administrativa correspondiente y dar vista al ministerio público, porque el exceso de gasto electoral es en la ciudad de México un delito que puede ser castigado hasta con seis años de prisión. A su vez, el Tribunal local resolvió anular por esa causa la elección, como lo permite la ley y confirmó las posibles sanciones administrativa y penal al ganador.
El Trife revocó parcialmente la sentencia del órgano judicial local y anuló la anulación, pero confirmó las decisiones del instituto y el tribunal locales respecto de las sanciones. En el reporte oficial de su sesión pública, el Tribunal federal explicó así esos extremos: Respecto de la anulación de la anulación razonó que “sólo podrá ser declarada nula la elección cuando se acredite que la irregularidad es de tal entidad que sea determinante del resultado de la elección”. Eso ocurriría, a juicio de los cuatro magistrados que se pronunciaron en tal sentido, sólo cuando “se haya viciado la voluntad del electorado o que la ventaja indebida de un partido sobre los demás contendientes implique un cambio de ganador”.
Puesto que, adicionalmente el PRD incurrió también en sobregasto y aun en proporción mayor que el PAN, el Tribunal federal resolvió que no hubo iniquidad en la competencia. Sin embargo, dijo también la sala superior: “...el que se haya revocado la declaración de nulidad de la elección en forma alguna tiene como consecuencia el que se exonere al candidato o al partido político involucrados en la infracción consistente en haber rebasado los topes de campaña... de otro tipo de responsabilidades y consecuencias previstas en la normatividad aplicable”.
Por efecto de esa sentencia, Aboitiz asumió ayer su cargo de jefe delegacional. Pero la Procuraduría de justicia capitalina está obligada a iniciar una averiguación previa por el delito electoral acreditado en tres documentos públicos, el dictamen del Instituto electoral y las sentencias de los tribunales, local y federal. Con esa evidencia tan contundente tendría que solicitar que se inicie proceso contra el responsable de ese sobregasto, que puede ser el propio Aboitiz o el ex líder panista en el Distrito Federal, José Luis Luege, ahora procurador federal de Protección del Ambiente. Si tal procedimiento va adelante, como es debido que ocurra, desde ahora debe quedar claro que no se trata de una venganza política del gobierno capitalino (al que pertenece la PJDF) sino de la simple consecuencia de la ley y su interpretación por los órganos adecuados, que a su vez resulta de un comportamiento ilegal del candidato y/o su partido.
La complicadísima situación de la Miguel Hidalgo, por lo tanto, puede enredarse aún más. El caso nos deja, aun antes de cerrarse, dos lecciones.
Una, de carácter general, concierne a la influencia del dinero en los procesos electorales. La decisión del Trife, al “privilegiar la voluntad ciudadana expresada en las urnas”, antes que castigar el abuso financiero como lo demanda la ley puede resultar un incentivo para el sobregasto. Si con este antecedente los partidos confían en que “el crimen paga”, se corromperá por esa vía la democracia electoral. En el ámbito federal no queda más remedio, porque las irregularidades administrativas y aun los delitos están desligados del efecto electoral (por eso la investidura presidencial de Fox no resiente en lo mínimo la comprobación de las infracciones cometidas por los partidos que lo llevaron a su cargo).
Pero en el Distrito Federal es distinto, no obstante lo cual el Tribunal federal perdió la ocasión de desalentar el exceso electoral. La otra lección se refiere a la triste y, más aún, peligrosa reacción del PAN y el PRD ante la fiscalización de sus gastos, realizada por los consejeros Eduardo Huchim, Rosa María Mirón y Rubén Lara. Especialmente el primero, por ser el presidente de la comisión respectiva y porque su oficio de periodista lo conduce y le permite dar cuenta de sus actos abiertamente, fueron víctimas de campañas de denigración inmerecidas. Más todavía: personeros panistas lanzaron sobre los consejeros una amenaza doblemente inquietante. Anunciaron que con información del Cisen podrían desprestigiarlos públicamente.
Amén de que falte materia prima para la difamación, es inadmisible el amago en sí mismo y la implicación de un órgano de inteligencia que, se nos prometió, no serviría para entrometerse en la vida de nadie.