Buenos Aires, (EFE).- Una profesora jubilada argentina compró más de 350 armas en la provincia de Buenos Aires para entregarlas a la Policía y sacarlas de la circulación, informó la prensa local.
Lidia Ortiz de Burry, de 76 años, decidió emprender en solitario la lucha contra la creciente ola de inseguridad y durante dos años compró con su dinero 356 armas de diferentes calibres y tamaños para retirarlas del mercado negro.
Jóvenes y adolescentes se encontraron con la mujer en zonas deshabitadas para realizar la "compra-venta" de revólveres, pistolas, escopetas y carabinas, que luego entregó a la Policía Bonarense para que fuesen destruidas.
El diario "Clarín" explicó que Ortiz paga entre 100 y 200 pesos (35 y 70 dólares) por cada una de las armas y que ella misma se encarga de la transacción que en ocasiones se ha realizado en su propia casa.
Ortiz conoce los barrios marginales de La Plata porque todos los días entrega -desde hace más de cinco años- de 50 a 70 kilos de alimentos a varios comedores comunitarios.
"En las charlas con las madres y con los pibes (niños) me cuentan que muchas familias tienen armas. Yo no les pregunto para qué las usan, pero lo imagino. Entonces, les ofrezco el negocio y la mayoría acepta deshacerse de ellas", contó esta profesora de geografía retirada hace 20 años.
Consultada sobre de dónde saca el dinero para comprar las armas, Ortiz explicó que heredó de su padre unas propiedades que le dejan una renta de casi 2.000 pesos (750 dólares) al mes. "Nosotros no necesitamos esa plata y, aunque mi marido a veces protesta, estoy convencida de que es la mejor inversión que puedo hacer", explicó la mujer.
Compró por primera vez un arma en junio de 2001, cuando vio a un joven que portaba un calibre 38 en la cintura mientras ella repartía pan y fideos en un comedor.
La única alternativa que se le ocurrió fue ofrecer dinero a cambio del arma, que una vez que fue de su propiedad guardó en su bolso y luego entregó a la policía. El año pasado Ortiz tuvo una reunión con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Juan Pablo Cafiero, y este le recomendó que destruyera las armas antes de llevarlas a la policía para evitar que estas pudiesen reciclarse.
"Es evidente que el ministro no tenía mucha confianza en la propia policía", dijo Ortiz.