En menos de una semana todos los gobernadores o grupos de ellos fueron convocados tres veces, desde fuentes distintas, para diversos fines. El miércoles 24 de septiembre los ejecutivos priistas acudieron con sus dirigentes nacionales a una comida organizada por los secretarios Santiago Creel y Felipe Calderón, con el propósito de sensibilizarlos respecto de las reformas en materia de energéticos. Dos días más tarde, esos mismos asistentes se reunieron, esta vez a invitación del empresario Roberto González Barrera, teniendo como huésped principal al presidente Vicente Fox, como si fuera necesaria una mediación oficiosa que acercara a quienes se presume distantes. Y anteayer lunes, esos mismos trashumantes gobernadores, más los que pertenecen a otros partidos, celebraron en Monterrey la undécima asamblea de la Conferencia Nacional de Gobernadores.
Uno se preguntaría, de ceder al humor facilón, a qué hora gobiernan esos gobernadores, que emplean tanto tiempo en viajar y en reunirse en juntas en que el logro más sustantivo puede ser la cita para una nueva reunión. Pero no ha lugar para el mal chiste porque ese género de reuniones forma hoy parte del hacer propio de los Ejecutivos estatales. La suya es una figura emergente en el panorama político. Ya no operan sólo en sus entidades sino en la República entera. Los primeros en saberlo fueron los gobernadores surgidos de la oposición al PRI, que aprovecharon la pérdida del control de la Cámara de Diputados sufrida por ese partido en la LVII legislatura, para apersonarse ante los diputados a la hora de asignar el presupuesto federal.
A comienzos del año pasado, los perredistas formaron la Alianza Nacional de Gobernadores, un grupo pequeño al que ocasionalmente se unió, de manera informal, el panista Fernando Canales Clariond, que entonces regía a Nuevo León. Los gobernadores priistas, por su parte, actuaron su nuevo papel aun antes de cobrar conciencia plena de su importancia. Hasta antes de la derrota de su partido en la contienda presidencial quienes llegaban al poder estatal impulsados por el PRI se hallaban sujetos a una disciplina férrea. Aunque algunos aspectos de esa regla se atenuaron en los hechos al final de la administración de Zedillo —lo que permitió a Roberto Madrazo y a Manuel Bartlett, por ejemplo, fundar sus aspiraciones presidenciales en una acotada distancia del Ejecutivo federal—, aun los gobernadores que ganaron su candidatura en contiendas internas y no por dedazo, se movían dentro de cauces estrechos, poco propicios a la autonomía.
Apenas caído el baluarte presidencial, los gobernadores priistas presintieron su nueva ubicación en la estructura de poder de su partido y, de modo vacilante, buscaron erigirse en árbitros para dirimir litigios internos, derivados de la frágil posición en que permaneció el comité nacional que perdió la elección y más tarde para influir en la realización de la asamblea nacional y la elección de nuevos dirigentes.
La reforma estatutaria que amplió de modo considerable el consejo político nacional priista los privó formalmente, sin embargo, del espacio en que aspiraban a ubicarse. Eligieron entonces el ámbito más lato de su actividad gubernativa y atendieron la invitación de la Anago, a que se incorporaron poco a poco (en número y en intensidad) hasta constituir la Conferencia Nacional de Gobernadores, a la que erróneamente rehusaron sumarse en un primero y largo momento los gobernadores panistas.
Esa ausencia propició que la relación de la Conago y el presidente Fox se tensara al punto de una crisis, esbozada a mediados de octubre. Ante las exigencias de los gobernadores, Fox desdeñó su papel en la configuración del presupuesto sobre la base, cierta desde el punto de vista formal, de que aprobarlo es competencia de la Cámara de Diputados y no de los ejecutivos estatales. En lo que hubiera sido un rompimiento del necesario diálogo entre autoridades locales y federales, los miembros de la Conago rehusaron acudir a una reunión programada con el Presidente, que aprendió inmediatamente de ese desaire.
El mismo día del desencuentro modificó su opinión sobre el papel de sus homólogos estatales y los reconoció como interlocutores legítimos para participar en los preparativos presupuestales. Ese reconocimiento se amplió cuando los gobernadores decidieron convocar a una Convención Nacional Hacendaria. La raíz del proyecto se encuentra en el documento “Principios, coincidencias y convergencias, hacia una política hacendaria de Estado”, que con el auspicio de la UNAM preparó un grupo de trabajo en que participaron las fundaciones de los tres partidos con mayor representación parlamentaria.
La Conago hizo evolucionar la idea y la Presidencia, originalmente renuente a ella, la adoptó como propia. Se previó emitir la convocatoria anteayer, al cabo de la reunión ordinaria de la Conago, con la presencia de Fox, pero surgieron incidentes de procedimiento que dieron la impresión de que el consenso se rompería.
No ocurrió así a la postre, sino que atendiendo a las conveniencias de las partes que llamarán a la convención, se abrió un lapso para que a partir del documento aprobado por la Conago, los legisladores y el Ejecutivo formulen, si es el caso, observaciones que serían atendidas en la próxima reunión de los gobernadores, el 31 de octubre en Durango, desde donde se emitiría finalmente la convocatoria. Nos detendremos también en los otros temas y los ámbitos que reunieron a los gobernadores la semana pasada.