La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado no satisface las expectativas creadas. Puede deberse a que el Procurador General de la República tiene serios conflictos de interés: Mantiene de asesor al hijo del abogado que defiende a un ex Director de la Federal de Seguridad, y tengo copia de documentos que confirman que en su juventud trabajó cerca de quienes ahora busca consignar.
Cuando era candidato, Vicente Fox prometió una Comisión de la Verdad que esclarecería las violaciones a los derechos humanos cometidas por el viejo régimen. Pronto olvidó la promesa de campaña. La sustituyó por la Fiscalía ubicada en el organigrama de la Procuraduría General de la República. La dependencia nació en medio de la desconfianza de las víctimas, la hostilidad de los presuntos verdugos y el escepticismo de los medios de comunicación. Debe reconocérsele que, se sobrepuso a las dificultades e integró una investigación con la cual solicitó la consignación de dos ex directores de la Federal de Seguridad, Luis De la Barreda Moreno y Miguel Nazar Haro. Los acusó de desaparecer a Jesús Piedra Ibarra. Se encontró con Guillermo Vázquez Martínez, un juez de Distrito, que mostró una rapidez extravagante para el Poder Judicial. En 24 horas revisó un sólido expediente de dos mil páginas y desechó la petición aduciendo que faltaban algunos documentos originales y que el delito, en caso de haberse cometido, ya había prescrito. Los problemas para la Fiscalía se complicaron porque simultáneamente se filtraron a la prensa serios cuestionamientos sobre un funcionario clave. El director de Investigaciones Ministeriales de la Fiscalía, Américo Meléndez Reyna, fue acusado en una carta que dirigieron dos Ministerios de la Fiscalía al procurador de "modificar las declaraciones de algunos testigos", de comprar testigos y de otras irregularidades (Noticia publicada en un diario capitalino el 24 de abril del 2003).
También fue acusado de ser juez y parte y el licenciado Meléndez tuvo que reconocer en entrevista con Gustavo Castillo García (Diario de la capital el 27 de abril del 2003), que cuando era un joven agente del Ministerio Público de la PGR tomó declaración a guerrilleros del Movimiento Armado Revolucionario (MAR) detenidos por el gobierno. En entrevista telefónica el fiscal Ignacio Carrillo Prieto defiende a Américo Meléndez. Dice que lo contrató por su experiencia en la técnica de las averiguaciones. Su confianza le viene de que le preguntó "bajo su palabra de honor si había incurrido en delitos como torturar a los detenidos. Américo Meléndez protestó por la vida de sus hijos que no". Al Fiscal le bastó con ello lo que, por supuesto, no basta. Pero eso es harina de otro costal. Más relevantes son los juicios del Fiscal sobre el origen de sus dificultades. Para él, la responsabilidad la tiene el juez y lo grave es la falta de respaldo en sus superiores. En repetidas ocasiones agregó que sus avances se deben al "impulso de familiares y organizaciones sociales". En efecto, los problemas de la Fiscalía son estructurales. El organismo tardó cinco meses en crearse porque el Procurador General de la República, general Rafael Macedo de la Concha, fue muy exigente con las nominaciones del titular. El primer seleccionado, el jurista Alberto Székely tenía los conocimientos, la personalidad, la autoridad moral y la independencia para darle un gran impulso a la tarea. Ni él ni otros resultaron aceptables. Finalmente el procurador aceptó al doctor Ignacio Carrillo Prieto, un jurista bien intencionado pero sin experiencia en el tema y que todavía no tiene el éxito indispensable para fortalecer sus credenciales.
Algo similar sucedió con el Consejo Ciudadano. Incorporó algunas vivencias personales porque embonan con el razonamiento. El grupo nominado inicialmente incluía a Santiago Corcuera director del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, a Guadalupe Morfín Otero ex presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, a José Antonio Crespo historiador y a quien esto escribe. Nuestros conocimientos se complementaban y, sobre todo, compartíamos la independencia. Seguramente hubiéramos acompañado con mucha exigencia a la Fiscalía y a sus creadores. Ninguno de nosotros quedó integrado al Consejo.
Semanas después de que Székely fuera excluido, el secretario de Gobernación, Santiago Creel, me invitó a su oficina. Con la educación que lo caracteriza, me informó que lamentablemente habían decidido cancelarme la invitación porque, como era integrante de un partido (México Posible), incluirme hubiera politizado la actuación de una instancia que querían independiente y fuerte. Me sorprendió un poco el razonamiento porque por aquellas fechas todavía faltaban meses para saber si el Instituto Federal Electoral otorgaría el registro. Después languideció el entusiasmo por la lista original. Cuando apareció la lista final del Consejo me sorprendió que incluyera a un distinguido militante del PRD, Salvador Martínez de la Roca y a un ex integrante de uno de los movimientos guerrilleros. Como se derrumbó la excusa de Creel me pareció más razonable la versión de que el primer grupo había sido impugnado por el procurador, y aceptado por el secretario de Gobernación.
Pese a lo difícil de la tarea y a la falta de apoyos que recibió debe reconocerse que la Fiscalía tuvo logros en sus investigaciones. Ojalá y prosperen. En tanto lo sabemos hay que mencionar que algunos de sus obstáculos vienen de la falta de apoyo gubernamental, sobre lo cual doy ejemplos. El presidente Fox ha sido muy callado sobre el tema y cuando declaró fue para descalificar la misión de la Fiscalía al asegurar que se habían "acabado los términos legales para el enjuiciamiento de esos crímenes". El secretario de Gobernación también ha sido muy parco sobre el tema. Finalmente, desde que se estableció la Fiscalía, el procurador no ha expresado públicamente su apoyo. Carrillo Prieto es muy claro al respecto: "los apoyos concretos de la PGR nunca han llegado". La frialdad del procurador puede deberse a que es juez y parte. Del siete de diciembre del 2000 a julio del 2001 Humberto Castillejos Cisneros fue asesor de Rafael Macedo de la Concha. Después de esa fecha y hasta la actualidad funge como asesor externo del procurador y por tanto va poco a su oficina en Paseo de la Reforma. El joven abogado prefiere despachar en el bufete de su padre, Marcos Castillejos, que es al mismo tiempo el abogado que defiende a uno de los acusados por la misma PGR, Luis De la Barreda Moreno.
Entrevistado telefónicamente Humberto considera que no hay nada malo en la situación porque, asegura, no "tengo ninguna ingerencia en los asuntos de mi padre". Puede ser, pero hay otro hecho inquietante. En el currículum oficial de Macedo de la Concha se dice que "fungió como enlace interinstitucional de la Secretaría de la Defensa Nacional con la Secretaría de Gobernación". En realidad, y según documentos del Archivo General de la Nación que próximamente publicará de manera detallada una revista de la capital, cuando Rafael Macedo de la Concha era un joven oficial trabajó bajo las órdenes de uno de los Directores de la Federal de Seguridad. Por el cargo que ocupó seguramente convivió con los que ahora intenta consignar. Cuando querían nuestro voto nos prometieron que habría verdad y que la justicia alcanzaría a quienes violaron masivamente los derechos humanos. No es venganza como dicen algunos, sino la exigencia de lanzar señales de que se combatirá la impunidad. En lugar de cumplir con la palabra empeñada nos dieron una Fiscalía enclenque y con pocos recursos. La debilidad se ha acentuado por errores e ingenuidades de la propia Fiscalía, pero también podemos estar enfrentando viejas complicidades. ¿Puede incluso hablarse de algún tipo de conspiración? Por el momento no existen respuestas. Sólo sé que nos merecemos una, varias, muchas explicaciones. Al menos eso pasa en las democracias. Comentarios: Fax (5) 683 93 75; e-mail: sergioaguayo@infosel.net.mx