Reuters
BRASILIA, BRASIL.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, parecía cerca ayer de asegurar que el Congreso vote una reforma del deficitario sistema público de pensiones, en medio de protestas de empleados estatales.
La policía debió custodiar las entradas principales al palacio legislativo mientras empleados públicos que intentan mantener generosos beneficios de sus pensiones marcharon alrededor del edificio coreando consignas y portando carteles contra la reforma.
Al percibir la posibilidad de una invasión, los policías consiguieron contener a los manifestantes con empujones y bastonazos, mientras recibían botellazos.
Los empleados públicos, que quemaron banderas del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), argumentan que los recortes a las pensiones reducirán la calidad de los servicios públicos, aunque el gobierno centroizquierdista y los mercados esperan que las reformas puedan garantizar a largo plazo la salud fiscal de la mayor economía de América Latina.
El sistema de pensiones le costó a las arcas públicas un cinco por ciento del Producto Interno Bruto el año pasado, un enorme esfuerzo para un país que trata de reducir la pesada carga de su deuda de más de 250,000 millones de dólares.
Lula, quien canceló un viaje a África para concentrarse en la aprobación de las reformas, se reunió con ministros clave el martes.
El presidente dijo a la prensa que las reformas “son necesarias para que Brasil retome el crecimiento económico con desarrollo social” y que esperaba que fueran aprobadas hacia el miércoles.
Agregó que aún está lejos “de construir el Brasil de mis sueños, pero estoy convencido de que estoy en el camino adecuado”.
El presidente de la Cámara de Diputados, el legislador oficialista Joao Paulo Cunha, prometió una rápida votación.
“El acuerdo está prácticamente listo y sí, creo que la votación podría tener lugar hoy”, dijo Cunha al llegar al Congreso.
Lula también se mostró optimista sobre la aprobación del proyecto de reforma, que requiere tres quintos de los votos o 308 de los 513 diputados.
Los jefes de bancadas de todos los partidos, incluyendo del PT, sus aliados y de la oposición, se reunieron ayer para alcanzar un acuerdo final sobre los términos de la propuesta de reforma.
El legislador oficialista Paulo Bernardo dijo que el gobierno mantenía su apoyo a un polémico elemento del proyecto, que fija los salarios para los jueces de nivel estatal en un 75 por ciento de los sueldos de los ministros del máximo tribunal de justicia.