En estos días crece la probabilidad de que se vuelva a plantear una propuesta de reforma tributaria, que a juzgar por las opiniones recientes de diversos legisladores del PRI y del PAN, pudiera aprobarse en el período de sesiones que comienza con una Cámara de Diputados nueva el primero de septiembre.
Esta actitud refleja una posición más constructiva de nuestros políticos, a la que quizá contribuyó el cabildeo intenso que han hecho funcionarios de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México, en el sentido de que la única solución a nuestra fragilidad presupuestal es el fortalecimiento de los ingresos tributarios.
Los ingresos públicos en México, particularmente los tributarios, se ubican entre los menores del mundo en relación al tamaño de la economía. Esta baja recaudación ha sido, por décadas, compensada parcialmente con ingresos petroleros. Estos financian hoy la tercera parte del gasto público. Su fuerte volatilidad, sin embargo, trastorna el desempeño económico del país. Recordemos, por ejemplo, la experiencia de la disminución inesperada del gasto en 1998, ante la reducción del precio de exportación de la mezcla mexicana de petróleo.
Otra fuente de financiamiento del gasto ha sido la venta de empresas públicas, lo que representa por su propia naturaleza ingresos ?no recurrentes?. Además, el gobierno ya vendió todo lo que le era políticamente fácil, por lo que aún cuando tiene activos valiosos en la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, no es sensato fincar las expectativas de ingresos futuros en la posibilidad de que nuestros legisladores simpaticen con la idea de la privatización de esas empresas.
La debilidad de la hacienda pública para atender las necesidades básicas de la población y ampliar la inversión pública en infraestructura es sólo una parte del problema. Otra igual de preocupante son los requerimientos de gasto asociados al pago de pensiones anteriormente a cargo del IMSS, el costo de los rescates bancario y carretero, los pasivos actuariales correspondientes al INFONAVIT y a las pensiones de burócratas federales y estatales, así como el pago de los Pidiregas y el financiamiento de los nuevos compromisos que la ?generosidad? del Congreso y las autoridades han impuesto sobre el erario, tales como los apoyos adicionales al campo mexicano y la obligación por ley de elevar del 5 al 8 por ciento del PIB el gasto destinado a la educación.
Las demandas de la población por mayor seguridad, más educación y salud, y mejor infraestructura; los compromisos actuales y contingentes del gobierno federal; las promesas de campaña de Vicente Fox y la ?generosidad? de nuestros legisladores, llevan en conjunto a un nivel adicional de gasto anual superior a 6 puntos del PIB.
En consecuencia, es urgente la ampliación y diversificación de las fuentes de ingresos públicos para solventar esos compromisos y evitar la aparición de déficits presupuestales crecientes en el futuro próximo. Para ello es necesario instrumentar una reforma tributaria con base en criterios económicos fundamentales, que reduzca las distorsiones del sistema vigente y aumente los recursos disponibles para la tarea gubernamental.
No obstante, debemos también reconocer que los problemas financieros del gobierno se exacerban por la práctica irresponsable del Congreso en aprobar un gasto creciente sobre la base de ingresos esperados y muchos de ellos no recurrentes. Por tanto, si bien México necesita fortalecer su recaudación de impuestos para hacer frente a sus compromisos y reducir la vulnerabilidad del erario a los vaivenes del precio del petróleo, también es necesario poner un freno a la ?magnanimidad? de nuestros legisladores, siempre prestos a elevar el gasto sin proveer los medios para financiarlo.
En el corto plazo, lo importante es ver si toda esta retórica política sobre una reforma tributaria se traduce en resultados concretos antes de fin de año. El margen de maniobra de la administración de Fox en la segunda mitad de su mandato dependerá, en gran parte, de lo que se logre en materia fiscal en el período ordinario de sesiones que empieza este primero de septiembre.
El reto de nuestras autoridades y legisladores en los próximos meses es aprobar una reforma tributaria que logre un balance entre eficiencia económica, equidad en el pago de los tributos y mayor recaudación. Ello significa que los legisladores aprueben una reforma que integre al universo de contribuyentes muchas personas y productos que en la actualidad gozan de tratos preferentes o no pagan impuestos.
Cualquier propuesta, por lo tanto, provocará una fuerte oposición de los sectores perjudicados y una intensa discusión política. Muy pronto sabremos si ese forcejeo en el recinto legislativo y en los medios de comunicación culmina con la aprobación de una reforma que sirva para mantener bajo el déficit presupuestal y corregir las distorsiones más importantes de nuestro sistema impositivo, o si este continuará siendo un lastre para el desarrollo económico del país que obligará a recortes recurrentes del gasto público.
En dicho contexto, los particulares debemos presionar a nuestros legisladores para que adopten las medidas que más redunden en beneficio de México. En ese sentido es relevante el evento que un grupo de empresarios del Estado de Hidalgo organiza para este fin de semana, donde líderes empresariales de todo el país se darán cita para analizar la situación económica y hacer propuestas a los distintos partidos políticos, no sólo en materia tributaria, sino también en muchos otros campos del devenir nacional.
E-mail:
salvadorkalifa@prodigy.net.mx