“Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”. Jesús (Juan 8:32)
El gobierno del presidente Vicente Fox ha señalado en distintos foros que uno de los principales logros de su administración ha sido la aprobación de la nueva Ley de Acceso a la Información. Con ésta se reconoció que el verdadero dueño de la información que se genera en la acción gubernamental es el público y no los funcionarios. Pero de poco sirve tener la ley en los libros y lista para entrar en vigor si el mismo gobierno se empeña en burlarla.
Dos ejemplos recientes nos demuestran que el gobierno sigue pensando que su obligación es ocultar la información pública que le pudiera resultar comprometedora. Uno de ellos es la decisión de las autoridades del país de no dar a conocer escuela por escuela los resultados de los estudios que llevará a cabo el Instituto de Evaluación Educativa. El otro es la decisión de ocultar información sobre la contaminación en las playas mexicanas e incluso la de destituir al responsable de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que dio a conocer los datos sobre la polución de las bahías de Zihuatanejo y Acapulco en Guerrero.
Los argumentos gubernamentales para impedir la difusión de esta información es muy variada. En el caso del sistema educativo, por ejemplo, se plantea que dar a conocer las evaluaciones escuela por escuela generaría una competencia entre éstas. Pero ésa es precisamente la razón por la cual hay que difundirla. La única manera en que el lamentable sistema educativo mexicano puede mejorar su calidad es si se genera una competencia entre escuelas de manera que cada una trate de ser mejor que las demás o por lo menos no peor que el resto. Pero independientemente de esta razón de utilidad pública, los padres de familia tienen el derecho de saber cuál es la calidad relativa de la escuela a la cual mandan a sus hijos. La única razón para tratar de ocultar esta información es proteger la mediocridad o la negligencia de maestros, directores de escuela y funcionarios.
En el caso de la contaminación de las playas el argumento en contra de la difusión de la información es también de carácter práctico. Si la gente sabe que las playas están contaminadas, no acudirá a los centros turísticos. Pero este argumento viola el derecho del usuario a conocer los niveles de calidad o de limpieza de estas playas para tomar su decisión personal de si quiere o no bañarse en ellas. De hecho, la destitución el pasado 14 de febrero de Inocente León Pineda, delegado de la Profepa en Guerrero, por el “delito” de haber revelado información sobre la contaminación de las playas en Zihuatanejo y Acapulco -destitución que aparentemente se llevó a cabo bajo presión del gobernador priista de Guerrero René Juárez— es uno de los episodios más lamentables de la historia reciente de nuestro país. Un funcionario público ha sido destituido por hacer su trabajo y por haber dado a conocer públicamente información de interés público. Y lo peor de todo es que nadie ha levantado la voz a favor de este valiente defensor del derecho del público a conocer la información que le pertenece.
Es de una gran hipocresía que el gobierno del presidente Vicente Fox trate de presentar la promulgación de la Ley de Acceso a la Información como un gran triunfo suyo cuando su gobierno sigue fomentando o aceptando prácticas de ocultamiento de la información pública. Quizá el Presidente no pueda estar al pendiente de cada caso, pero bien haría en obligar a todos los funcionarios a leer o releer el texto de la ley. El libre acceso a la información generada por el gobierno, excepto en casos específicos que pongan en riesgo la seguridad nacional o la intimidad de las personas, es una regla cuyos beneficios a la sociedad superan ampliamente las supuestas ventajas del ocultamiento. Sólo los problemas que se conocen pueden resolverse. Pero a final de cuentas poco importan las consideraciones prácticas. La razón fundamental por la que el público tiene derecho a conocer la información que surge de las actividades gubernamentales es porque es dueño de esa información, ya que con su mandato electoral y sus impuestos permite que se recopile.
Carrillo Olea
Jorge Carrillo Olea fue juzgado sumariamente y condenado por los medios de comunicación, acusado, entre otras cosas, de fomentar o participar en el narcotráfico y en secuestros. Pero la única acusación formal penal que se le presentó fue la de incumplimiento de responsabilidad como funcionario público. Incluso en este caso la juez primero de lo penal en Morelos dictaminó este lunes 17 de febrero que no hay elementos para decretarle siquiera un auto de formal prisión. Quizá alguien le deba una disculpa al ex gobernador de Morelos.