A menos que citen para mañana a una sesión extraordinaria, hoy deberán los grupos parlamentarios formular su propuesta para integrar el consejo general del IFE y votarlas. Para la designación correspondiente se requiere la votación de tres cuartas partes de los miembros presentes.
La coordinadora priista Elba Ester Gordillo, presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Cámara anunció el jueves pasado que la integración de aquel órgano directivo se resolvería en la sesión ocurrida anteayer, martes. No pudo ser y en cambio se configuró un panorama que podría entorpecer, demorar o impedir la designación de los consejeros electorales. Un gran número de diputados priistas se opuso a la aprobación del anteproyecto de presupuesto de la Cámara. No consiguieron evitar su envío al Ejecutivo, de donde volverá a más tardar el 15 de noviembre.
A partir de entonces los legisladores tendrán ocasión de discutir su contenido. Pero los votantes en contra anteayer y los que se abstuvieron (un total de 210 no formularon reproches al sentido y la orientación de un documento que casi nadie conocía antes de su inclusión en la Gaceta Parlamentaria del martes. Su contenido no los irritó, sino el modito, el método de ponerlos frente a hechos consumados.
Semejante sensación podría privar hoy, respecto de la elección de consejeros del IFE. Tres veces antes, dos en 1994 y una en 1996, la Cámara de Diputados ha practicado esa facultad que, con modalidades, le confirieron la Constitución y el Código electoral. En esas tres oportunidades, la negociación partidaria se desahogó con apenas mínimas dificultades, por la sencilla razón de que el grupo parlamentario del PRI tenía el control de la Cámara y en su interior apenas se insinuaban formas de protesta. La más elemental de ellas, ejercible a la hora de votar permitió que algunos diputados priistas no se atuvieran a la línea acordada, lo que produjo resultados dispares cuando, en 1994, se votó por nombres, uno a uno; o que en 1996, cuando se votó por el consejero presidente y luego por la lista de los consejeros electorales, las cifras tampoco coincidieran.
Pero la disciplina de entonces, la que prevalecía en las legislaturas LV y LVI, no está presente hoy. Si la rebelión del martes respecto del anteproyecto de presupuesto se repitiera hoy, sería imposible la designación de los consejeros, pues anteayer se alcanzó la mayoría simple pero hoy no se lograría la calificada de dos tercios: estuvieron presentes a la hora de votar 435 diputados. Las dos terceras partes de esa cifra se forman con 290, de los cuales están notoriamente lejos los 225 que el martes rechazaron lo dispuesto por su coordinación.
Si las razones invocadas por los diputados disidentes son las verdaderas, su actitud podría mudar si se les convoca a formar parte de las decisiones y no meros destinatarios pasivos de ellas una vez asumidas. Si no es así, su actitud podría generar efectos que van más allá de su grupo parlamentario y poner en mala situación a la autoridad electoral.
Si no se elige un nuevo consejo electoral antes de mañana, es probable que no se genere ningún efecto material adverso y pueda el IFE continuar sus trabajos normalmente, pues su carga de trabajo en cuanto a organizar elecciones se circunscribe a las extraordinarias del 14 de diciembre próximo en distritos que tienen cabecera en Torreón y Zamora.
Pero el desdén formal que significaría dejar sin cabeza a la autoridad electoral implicaría un grave riesgo para la credibilidad del órgano que la ganó a pulso en los siete años recientes.
Seguramente es posible encontrar un método mejor para la designación del consejero presidente y los consejeros electorales del IFE. Pero el que está en vigor y se desplegó en ocasiones anteriores no produjo malos resultados. En 1994 la legislación electoral se modificó a marchas forzadas, en breve lapso, para enfrentar la crisis del sistema político, causada por la emergencia del zapatismo armado y el asesinato del candidato presidencial del PRI.
En la situación de urgencia creada por esos graves acontecimientos, los acuerdos entre el gobierno y los partidos fueron útiles para encarar uno de los aspectos de la crisis, tal vez no el más profundo pero sí el que podía impedir el choque de trenes que se avizoraba entonces entre candidaturas presidenciales de dimensión muy equilibrada.
Las negociaciones entre los partidos y el gobierno permitieron crear dispositivos legales y ponerlos en práctica con resultados que no ofendieron a ninguna de las fuerzas políticas. De ese modo se desposeyó a los partidos del voto que los hacía dominar el órgano electoral y se desplazó la autoridad a consejeros ciudadanos que, en conjunto, actuaron a satisfacción de los partidos y los ciudadanos.
Cuatro de los seis elegidos entonces siguieron una trayectoria derivada de su actuación en aquel consejo general: José Woldenberg y Fernando Zertuche ganaron confianza entre los protagonistas de la escena política, suficiente para que el primero resultara consejero presidente en 1996 y para que el segundo fuera años después elegido secretario ejecutivo del IFE. Santiago Creel y José Agustín Ortiz Pinchetti optaron por la participación gubernamental y partidaria, pero antes impulsaron la negociación entre partidos para posibilitar la reforma de 1996.
Los diputados no cumplieron nada mal su cometido en las ocasiones anteriores. Esperemos que hoy repitan el buen éxito de las experiencias previas.