No se elaboró dictamen alguno, el 31 de octubre, para fundar la elección de los consejeros electorales. Tampoco se revisó la documentación de los aspirantes. O quizá sí. Probablemente porque fue leída su exposición de motivos, el doctor Ignacio Almada fue colocado, en la propuesta finalmente aprobada, como cuarto suplente. Sus títulos lo hubieran colocado en primerísima fila.
Pero consideraciones desconocidas por todos, él incluido, salvo por quienes las asumieron, hicieron dar prioridad aun a quienes incumplen los requisitos de ley.
Originalmente médico cirujano por la UNAM, Almada se hizo maestro en salud pública en Harvard y doctor en historia en el Colegio de México. En 1991 se incorporó al Colegio de Sonora, su entidad natal, como profesor investigador. Fue secretario general y rector del propio colegio. Es investigador nacional desde 1994. Fue consejero electoral, miembro del consejo local del IFE en Sonora, durante los tres procesos más recientes, 1997, 2000 y 2003. Previamente había sido secretario en una casilla y observador electoral.
Difícilmente se encontraría un currículum tan completo para ser parte del consejo general del IFE. Ninguno de los doce consejeros, propietarios y suplentes que lo preceden, reúne trayectoria académica y experiencia electoral específica en esos niveles.
Almada se propuso a sí mismo, envió su currículum a las fracciones a mediados de septiembre y se entrevistó con los diputados Germán Martínez, del PAN; Miguel Ángel Yunes, del PRI y Emilio Zebadúa, del PRD. Hacia las seis de la tarde del 31 de octubre le preguntaron telefónicamente, a Hermosillo, si aceptaba ser suplente. Las fracciones panista y priista habían resuelto ya la planilla que no lo incluía como propietario. Ese resultado obedeció a que los encargados de la selección no leyeron su biografía. O tal vez sí y prefirieron no exponerse a las consecuencias de las convicciones del doctor Almada.
El IFE, dijo para explicarse ante sus eventuales electores, “requiere un compromiso explícito de los consejeros electorales que integren su nuevo consejo general, por la naturaleza del cargo y la tarea, con la legalidad, la imparcialidad, la autonomía institucional y el trabajo colegiado. “Nada hay que defender y respetar más que la legalidad, para definir el marco referencial del consejo general y del IFE. La legalidad es la brújula y la medida de la actuación de los consejeros electorales, para cumplir la función de consejero electoral con imparcialidad, eficiencia y discreción. A partir de la legalidad se pueden alcanzar y ejercitar los otros cuatro principios rectores que la Constitución establece para la organización de elecciones federales como función de Estado: certeza, independencia, imparcialidad y objetividad”.
“La imparcialidad es fundamental para garantizar el trabajo del IFE como factor de estabilidad y de cambio en la vida política del país. La imparcialidad permite construir credibilidad y confianza. La única lealtad debe ser con la autonomía institucional, que tanto trabajo y tiempo costó construir. El ejercicio de la autonomía en la dirección y gestión del IFE es la garantía para desempeñarse como árbitro imparcial, para ser un árbitro creíble y respetado y contar con la confianza de la ciudadanía y de los partidos políticos para organizar elecciones”.
“El trabajo colegiado es otro de los activos básicos del consejo general y del IFE y ha sido probado y reconocido. La labor colegiada que se desarrolla en la interlocución de los consejeros y en las comisiones y circuitos internos del IFE, hay que preservarla y fortalecerla. Con el compromiso con la legalidad, la imparcialidad, la autonomía institucional y el trabajo colegiado por parte de los consejeros electorales del consejo general (2003- 2010), además de organizar las elecciones, el IFE puede como autoridad electoral independiente y eficaz, velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la cultura democrática”.
“Reúno experiencia, objetividad y versatilidad para contribuir a mantener el prestigio, la autonomía y la eficiencia del IFE en su nuevo tramo institucional. Me identifico con los principios rectores y los fines establecidos en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tengo la experiencia y el conocimiento que da haberse desempeñado como consejero electoral durante los tres últimos procesos electorales federales y haber servido como interlocutor con partidos políticos y organizaciones sociales”.
Doy a conocer estas líneas sin conocimiento y por ende sin autorización de su autor.
Almada me las envió a las 18.07 del último día de octubre, antes de que se produjera el desaguisado en que concluyó la elección. No infrinjo regla ética alguna, pues las comunicaciones son de quienes las reciben y, al contrario, es de importancia política saber y evaluar cómo una declaración de principios tan explícita y firme pudo servir no para generar confianza y ser elegido sino, probablemente, para lo contrario.
El arbitrario y atropellado modo de proceder a la selección del consejo general del IFE no es, como pretenden quienes lo perpetraron, un asunto concluido. Si jurídicamente no fuera reversible, porque se consumó mediante las formalidades legales, sí es impugnable porque no se atendió al cumplimiento de los requisitos legales por los elegidos. De cualquier modo, es un asunto grave que no debe ser enviado al archivo.