“Consenso. (Del lat. consensus.) m. Asenso, consentimiento, y más particularmente el de todas las personas que componen una corporación.” Diccionario de la lengua española, Real Academia Española
Un grupo de 100 campesinos -organizados por supuesto por líderes políticos- llevaron a cabo el pasado lunes una manifestación fuera de las oficinas del alcalde de Toluca, el panista Armando Enríquez, para protestar en contra de la propuesta de construir un centro de esquí alpino en el nevado de Toluca. Según los manifestantes, el proyecto atenta contra su cultura y contra el ambiente, pero no presentaron ningún estudio para demostrarlo; al contrario, sus afirmaciones de que el centro de esquí enfriaría el clima de la región reflejan más bien ignorancia sobre el tema. El alcalde de Toluca, sin embargo, les dijo que no se llevará a cabo el proyecto a menos de que haya los “consensos sociales” necesarios.
Este proyecto, el cual se ha estado discutiendo ya desde hace varios años, implicaría una inversión que algunos han calculado en más de millones de pesos. Con esta inversión se generarían cientos de empleos en una zona del país que, por sus características, tiene pocas posibilidades de otro tipo de desarrollo.
No sería éste el primer proyecto productivo cancelado en nuestro país por presiones políticas. De hecho, en los últimos años se ha hecho común que ciertos proyectos de inversión no puedan salir adelante, a pesar de cumplir con todos los requisitos ecológicos y legales necesarios, simple y sencillamente porque algún grupo político se opone a ellos. Ahí están como ejemplos el club de golf de Tepoztlán, la salinera de Guerrero Negro, el aeropuerto de Texcoco y muchos más.
En un país desarrollado no tendría, quizá, mucha importancia que se cancelaran estos proyectos. Pero en un México desesperadamente necesitado de empleos, cada cancelación es un golpe directo a los más pobres. Nuestros políticos no han descubierto todavía el hilo negro: la única manera de crear empleos es a través de la inversión. Resulta paradójico, en efecto, que los grupos políticos que protestan por la falta de empleos y por la pobreza del país sean los mismos que presionan para la cancelación de la inversión.
Ante las presiones del grupo que montó la protesta del 25 de agosto, el alcalde de Toluca debió haber respondido que se estudiaría el proyecto para determinar si cumple o no con los requisitos de ley. Lo que no tiene sentido es contestar que se buscarán los “consensos sociales” para determinar si el proyecto puede llevarse a cabo.
La búsqueda de consensos es uno de los males endémicos de la sociedad mexicana. El consenso es, por definición, un acuerdo unánime. Y la unanimidad no existe nunca ni en México ni en ninguna otra sociedad. La escuela que yo quiera poner en mi casa podrá generar un beneficio para mí y para las familias que quieran enviar allí a sus hijos, pero molestará a los vecinos por el ruido de los niños y el tránsito generado en horas de salida y de entrada. Por eso hay leyes que establecen reglas que permiten o prohíben la inversión en lugares y condiciones específicas. Esto no puede hacerse por decisiones de consenso.
Lo que las autoridades de Toluca, el estado de México y la federación deben estudiar en el caso de la propuesta de un centro de esquí en el nevado de Toluca es bajo qué condiciones se concesionaría un espacio federal (ya que la zona es un parque natural) y cuál sería el impacto ecológico de la operación de un centro de esquí. Quienes analicen este proyecto, sin embargo, no deben olvidar el número de empleos que se generarían con la inversión.
El permitir que cualquier grupo político bloquee la realización de nuevas inversiones porque no le gusta el tipo de actividad que se generaría es hacer al país rehén de intereses particulares. Si a alguna persona no le gusta el golf o el esquí alpino, tiene todo el derecho del mundo de no practicar estos deportes. Pero no puede prohibirle a los demás ni la práctica de la actividad lícita ni la realización de inversiones lícitas.
El gobierno no tiene por qué buscar consensos para la aprobación de un proyecto de inversión. Su responsabilidad es asegurar que se cumpla la ley. Si no existe la certeza de que las decisiones sobre la autorización de inversiones se basan en la ley, en lugar de en las presiones de grupos políticos, nunca lograremos la inversión necesaria para generar los empleos que los mexicanos necesitan.
POBREZA
Las cifras de la Cepal señalan que el mayor descenso en la pobreza de nuestro país se registró entre 1997 y 1999, en la parte final del sexenio de Ernesto Zedillo, y no entre 1999 y el 2002. Claramente el crecimiento es el mejor antídoto contra la pobreza. Correo electrónico: sergiosarmiento@todito.com