“No hay constitución donde pueden infringirse las leyes so pretexto del bien común”.
Malesherbes
Estamos acostumbrados a rendirle pleitesía a nuestra Constitución. Se nos ha dicho tantas veces que es el cimiento de nuestra nación, o que fue la primera constitución social del mundo, que es inevitable que la miremos con respeto. Pero tenemos que reconocer que nuestra Constitución es uno de los factores que han hecho pobre a nuestro país.
La Constitución —escribe Isaac Katz en su libro La Constitución y el desarrollo económico de México (Ediciones Cal y Arena, 1999)— ni “define ni protege los derechos privados de propiedad”, lo cual la convierte en un obstáculo para la inversión y la prosperidad. Pero además, por haber sido “modificada más de 400 veces desde su promulgación,... no genera certidumbre de que sea un conjunto permanente de normas”.
El problema surge desde su redacción. En la Constitución estadounidense es el pueblo el que limita los poderes del Estado. En la mexicana es el Estado el que limita los derechos de los ciudadanos.
El artículo 27 es uno de los factores fundamentales de la pobreza de nuestro país al decretar que “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada”. En otras palabras, la propiedad privada en México sólo existe como graciosa concesión de la autoridad. De este principio es fácil deducir lo siguiente: “La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública.”
No sorprende que con esta limitación tan radical a la propiedad privada y esos poderes enormes otorgados al Estado, nuestro país sea tan pobre y tenga —paradójicamente— una concentración tan grande de la riqueza. Al tener el Estado la potestad de definir de manera discrecional las modalidades de la propiedad y por lo tanto las formas de generar riqueza, es lógico que quienes han estado cerca del Gobierno hayan recibido beneficios enormes.
Los artículos 25 y 26 —añadidos a la Constitución en 1983, al inicio del régimen supuestamente liberal de Miguel de la Madrid— le dan al Gobierno todavía mayores poderes económicos. “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional” sentencia el 25, mientras que el 26 añade que “el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional”. Estos artículos le dan a nuestro Gobierno un poder de planificación central en lo económico tan ambicioso como el que tuvo la Unión Soviética o el que actualmente mantienen Cuba o Corea del Norte. Sólo la tradicional desorganización de los funcionarios mexicanos ha impedido la implantación en nuestro país del sistema comunista que perfilan estos artículos.
El artículo 28 es muy curioso. En su primer párrafo prohíbe los monopolios, las exenciones de impuestos y los tratos de protección a la industria porque son nocivos para la sociedad. Pero después empieza una larga enumeración de monopolios que están exentos de la prohibición, desde las empresas estatales en muchas actividades hasta los sindicatos. Acepta además subsidios para “actividades prioritarias”, siempre y cuando sean temporales (cosa que nunca se ha cumplido).
Varios de los artículos de la Constitución otorgan derechos positivos a los gobernados, como educación gratuita, vivienda, salud y trabajo bien remunerado. Pero la misma Constitución —con su concesión al Estado de enormes poderes de intervención económica, su limitación de los derechos de propiedad y su entronización de los monopolios— impide que esos derechos puedan cumplirse.
La Constitución de Estados Unidos se promulgó en 1789 con siete artículos y en 214 años ha registrado 27 enmiendas. La Constitución mexicana de 1917 tenía 136 artículos, sin contar los transitorios, pero en 86 años ha acumulado más de 400 enmiendas. Con razón señala Katz que carece de la certidumbre para ser un conjunto permanente de normas. Y si a esto le añadimos sus desvaríos económicos, tendremos que reconocer que hay muy poco qué celebrar este cinco de febrero.
Frenk
Se ha pretendido linchar al secretario de Salud Julio Frenk por haber sido candidato a la dirección general de la Organización Mundial de la Salud. Frenk es uno de los mayores expertos del mundo en salud pública por lo que su candidatura era lógica. Haberla declinado no habría beneficiado a los niños muertos en un hospital local de Chiapas.