“El propósito de la ley no es abolir o restringir sino preservar y expandir la libertad”. John Locke
Un país en el que los contratos no se pueden aplicar está condenado a la pobreza. Una de las grandes razones por las que México no ha tenido el desarrollo de los países ricos ha sido precisamente por la indiferencia o la incapacidad de los tribunales para hacer que los contratos sean realmente exigibles. El problema es que cuando los contratos no dan certeza, o cuando se violan impunemente, la inversión se reduce drásticamente o requiere para que tenga lugar de montos de rentabilidad muy superiores a lo razonable.
Pero ¿cómo podemos esperar que los tribunales obliguen al cumplimiento de los contratos entre particulares cuando los mismos gobiernos se niegan a respetarlos? Recientemente unos amigos me han traído un caso en el que el gobierno del estado de México abiertamente se niega a cubrir sus obligaciones surgidas de un contrato. Y el problema es que casos como éste hay muchos en nuestro país.
Hace ya 11 años, en 1992, la empresa de construcción Conrasa S.A. de C.V. firmó un contrato para realización de obras viales con el gobierno del estado de México en ese entonces encabezado por Ignacio Pichardo Pagaza. Las obras se ejecutaron en tiempo y forma, pero los pagos se retrasaron notablemente, lo cual, de conformidad con los términos del contrato, generó compromisos financieros adicionales que el gobierno mexiquense no cubrió.
Durante años los ejecutivos de esa empresa llevaron a cabo las constantes peregrinaciones a las que deben someterse los contratistas de gobierno que quieren cobrar lo que se les debe y que no tienen un padrino que les garantice el pago. La perversa filosofía de los gobiernos en estos casos es que, independientemente de lo que diga la ley, lo que se contrató en una administración anterior no tiene por qué ser cubierto por la actual.
El pleito terminó, como tenía que ocurrir, en los tribunales. Conrasa demandó a la Junta de Caminos del Estado de México ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de ese estado. El 13 de marzo del 2002, tras casi una década de disputa, el tribunal condenó a la Junta de Caminos a pagar 12.4 millones de pesos los que, con actualizaciones y financiamiento, se convertían en un total de 34 .1 millones de pesos.
El problema es que ni siquiera con una sentencia a su favor puede una persona o empresa en nuestro país estar seguro de que se cumplirá un contrato. Si bien el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México establece que la autoridad condenada deberá realizar el pago en tres días a partir de la ejecutoría de la sentencia, este pago en particular aún no se ha realizado a pesar de que han transcurrido un año y cuatro meses de la sentencia. Paradójicamente, ha sido el propio Tribunal de lo Contencioso el que se ha abstenido de ejecutar su resolución.
Casos como éste, desafortunadamente, hay muchos en nuestro país. Recuerdo que en los años ochenta me tocó de cerca uno similar en el que a un grupo de empresas que habían construido el aeropuerto de Cuernavaca, el gobierno de Morelos nunca les acabó de cubrir todo el trabajo. Varias de estas empresas —las pequeñas y medianas— quebraron por supuesto.
Lo que preocupa más que los casos en concreto es la falta de un Estado de Derecho en nuestro país. Los contratos se firman para cumplirse y, cuando no se cumplen, los tribunales deben actuar con rapidez para hacerlo. En nuestro país, sin embargo, quienquiera que haya tenido que acudir a los tribunales para demandar el cumplimiento de un contrato sabe bien que éste es un proceso que puede tardarse años o simplemente perderse en la maraña de la burocracia de nuestro país.
México necesita de muchas reformas importantes para poder crecer y ser competitivo en estos tiempos de globalización. Gran atención se les ha prestado en los últimos años a la reforma fiscal, a la eléctrica, a la del gas, a la petroquímica, a la laboral y a la educativa, entre otras. Pero la reforma del sistema de cumplimiento de los contratos, a la cual nadie parece prestarle atención, podría ser tanto o más importante que cada una de las otras. Y lo curioso es que ésta sería quizá la reforma más sencilla. Lo único que se requiere, en realidad, es un sistema que haga cumplir la ley que ya está vigente.
Pensiones
El presidente de Brasil, Luíz Inácio Lula da Silva, está logrando la aprobación legislativa de su reforma al sistema de pensiones. Él mismo rechazó hace años, en campaña, una reforma similar, pero hoy como presidente se da cuenta de que a nadie ayuda que el sistema se vaya a la quiebra. Su decisión ha provocado el rompimiento de la izquierda radical con él.
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