Once días antes del plazo establecido en la Constitución, la Cámara de Diputados recibirá hoy, o mañana a más tardar, las iniciativas de ley de ingresos y de presupuesto de egresos de la Federación, que regirán las finanzas públicas el año próximo. A diferencia de los tres años anteriores, no es de esperarse que se introduzcan en los proyectos del Ejecutivo modificaciones de alguna relevancia. Serán instrumentos más o menos rutinarios, a diferencia de los que se ventilen el año próximo, derivados de la Convención Nacional Hacendaria que se efectuará de febrero a julio de 2004, llamada a establecer una política de Estado en esa materia.
Hace una semana se emitió la convocatoria para esa Convención en un acto solemnísimo efectuado en Palacio Nacional. Quizá el oropel protocolario distrajo de la verdadera importancia que puede alcanzar, que tiene ya ese primer paso para imprimir un giro copernicano a las finanzas públicas en nuestro país. La convocatoria misma es un acto de concordancia entre varios factores de poder y las instituciones, impensable un año atrás.
Precisamente en octubre del año pasado hizo crisis la relación del Presidente Fox con los gobernadores, a propósito del dinero público. Con desdén que por fortuna no demoró mucho en enmendar, Fox negó a los Ejecutivos estatales competencia para intervenir en los trabajos preparatorios del presupuesto, atenido a la formalidad legal que hace de esa labor tarea de la Presidencia y el Congreso de la Unión. Él mismo, su secretario de Gobernación y su partido habían mantenido una actitud recelosa ante el agrupamiento de gobernadores, al punto de que los de origen panista se abstenían de asistir a las reuniones a que los llamaban sus homólogos perredistas y priiístas. La reticencia fue vencida luego, pero sólo mucho después el Presidente Fox reconoció el papel que corresponde a los gobernantes estatales en la fijación de los criterios conforme a los cuales se organiza el gasto público.
Simultáneamente a ese estira y afloja entre los mandatarios federal y estatales, comenzaba a dar fruto un ejercicio en que participaron las fundaciones de los tres partidos mayores. Aunque no era un proyecto de carácter académico —las fundaciones de los partidos son centros de estudio, pero con propósitos políticos—, fue dable llevarlo adelante porque no implicaba ninguna disputa de poder. Un grupo de ex diputados priistas fue acogido en la Universidad Nacional para examinar los principios, coincidencias y convergencias de los partidos, expuestos a partir de sus fundaciones y explorar la posibilidad de una política hacendaria de Estado. Un resumen de esas labores fue entregado por autoridades de la UNAM y el grupo de trabajo que las realizó, a la Cámara de Diputados, que hace un año lo recibió con interés pero no pudo utilizarlo siquiera como marco de referencia en la discusión fiscal de diciembre.
Sin embargo, el PRI recorrió su propia ruta a partir de ese documento plural, lo adecuó a sus circunstancias (los mandatos de sus documentos básicos y las instrucciones de sus órganos de gobierno) y presentó un proyecto de Convención Nacional Hacendaria que los gobernadores priistas conocieron en julio pasado. A partir de allí, con su aprobación, y luego de zizagueos que tenían que ver con el modo de convocar a la Convención, el orden de sus temas y el mecanismo de coordinación, se definió la convocatoria, el mes pasado en la decimoprimera reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, mecanismo de concertación que pasó de ser satanizado y vitando a ser un instrumento de concordancias. Uno a uno fueron resolviéndose los puntos de diferencia entre las instituciones que firmarían la convocatoria, y el presidente Fox evidenció su apoyo total a la iniciativa, designando su enlace para este propósito con los gobernadores a quien lo había sido interinamente en Nuevo León por nueve meses, Fernando Elizondo Barragán.
El propósito de esa Convención, en que a lo largo de casi un semestre participarán autoridades de todo nivel y ciudadanos organizados o a título individual, es renovar, refundar en cierto sentido, la estructura hacendaria del país. No se trata de una reforma fiscal, que ponga el acento en la recaudación. El objetivo es que, a partir de la definición de las necesidades en materia de gasto, los ingresos sean suficientes para encararlas, mediante una pertinente estructura que establezca o redefina las responsabilidades de los niveles de gobierno y de los poderes involucrados.
Los proponentes de la Convención, que entró ya en curso de realización, no la sacaron de un sombrero de copa, ni fue fruto de su creativa imaginación. En México se efectuaron ya tres convenciones nacionales fiscales, en 1925, 1933 y 1947. Esta última fue precedida de una convención nacional de causantes que proveyó a la fiscal de insumos de discusión que fueron claramente tenidos en cuenta. Fueron, los tres, notables ejercicios de concertación, limitados sin embargo por la estrechez de su propósito, pues se refirieron sólo al aspecto tributario de la hacienda pública. Precisamente lo que pretenderá hacer la Convención del año próximo es tomar provecho de los logros de aquellas reuniones, según sea posible ponerlas al día, y ampliar su horizonte.
Cuando faltan tres meses para su comienzo sería ingenuo dar por sentado que allí está clave para transformar la hacienda pública en su conjunto. Pero su convocatoria es ya un ejercicio probado de concertación política.