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LIMA, PERÚ.- La Comisión de la Verdad y Reconciliación entregó ayer su informe sobre dos décadas de violencia política en el que reveló que más de 69,000 peruanos murieron o desaparecieron por acción de los grupos subversivos y de las fuerzas del orden.
A la fecha se estimaba en unas 30,000 las muertes provocadas por dos décadas de guerra interna entre las fuerzas armadas y la subversión.
La Comisión entregó al presidente Alejandro Toledo en ceremonia en Palacio de Gobierno, la compilación de sus investigaciones sobre el período de violencia política que llamó “una marca de horror y de deshonra para la sociedad peruana”.
“La comisión ha encontrado que la cifra más probable de víctimas fatales en estos 20 años, supera los 69,000 peruanos y peruanas muertos o desaparecidos a manos de las organizaciones subversivas o por obra de gente del estado”, dijo Salomón Lerner, presidente de la Comisión.
Agregó que esta cifra es demasiado grande para que se siga hablando de “errores o excesos de parte de quienes intervinieron directamente en estos crímenes”.
Dijo que “hemos comprobado con pesar que agentes de las fuerzas armadas y las fuerzas policiales incurrieron en la práctica sistemática o generalizada de violaciones de los derechos humanos y que existen por tanto fundamentos para señalar la comisión de delitos de lesa humanidad”.
Indicó que lo ocurrido en Perú “esconde un doble escándalo: el del asesinato, la desaparición y la tortura en gran escala y el de la indolencia, la ineptitud, y la indiferencia de quienes pudieron impedir esta catástrofe humanitaria y no lo hicieron”.
Toledo, tras recibir el informe de nueve tomos, anunció que su gobierno se pronunciará en los próximos días respecto el informe, sobre la base de la necesidad de justicia, la necesidad de reparar a las víctimas, fortalecer el respeto a los derechos humanos, y luchar contra los últimos remanentes de la subversión.
“Que nunca más la historia del terror se repita en nuestra nación”, expresó.
La Comisión de la Verdad fue encargada hace 22 meses de esclarecer las violaciones a los derechos humanos cometidos en los gobiernos de Fernando Belaúnde, (1980-85), ya fallecido; Alan García (1985-90), líder del Partido Aprista, y Alberto Fujimori (1990-2000), prófugo en Japón.
En las últimas semanas, la Comisión fue blanco de agrias críticas por parte de militantes de los partidos políticos que ocuparon el poder en los años investigados. También recibieron ataques de militares, políticos de derecha, y miembros conservadores de la Iglesia Católica.
“Han logrado de poner en el banquillo de los acusados nada menos que los que ganaron la lucha contra el terrorismo”, cuestionó el congresista Jorge Barba, del partido Unidad Nacional, conservador.
En el caso de los partidos Acción Popular, de Belaúnde, y el Partido Aprista, de García, sus críticas a la Comisión parecen motivadas por el temor de que el informe de la comisión afecte sus planes para las elecciones presidenciales del 2006.
Grupos internacionales y nacionales de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, organizaciones civiles, defendieron a la Comisión.
Lerner dijo que de cada cuatro víctimas de la violencia, tres fueron campesinos, cuya lengua materna era el quechua. “Un amplio sector de la población históricamente ignorado” e incluso “despreciado”, afirmó.
La comisión la integraron representantes de organismos defensores de los derechos humanos, académicos y religiosos, entre otros.
En Internet: http://www.cverdad.org.pe